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La nueva Ley de Inversión Extranjera de Cuba, aprobada en marzo pasado por el Parlamento de la isla como parte de las reformas económicas impulsadas por el presidente Raúl Castro, entró ayer en vigencia con la idea de atraer capitales del exterior. La normativa reemplaza a la ley vigente desde 1995 y entre sus novedades incluye beneficios fiscales para los inversionistas extranjeros y una nueva política laboral, que permitirá pactar los salarios de los contratados locales.
Con la ley, votada el 28 de marzo, la Asamblea Nacional “ratificó que incentivar la participación de capital foráneo no significará en ningún momento vender al país”, porque la aplicación se hará “con respeto a los principios socialistas y a las proyecciones de la actualización del modelo económico cubano”, señaló la agencia estatal PL.
El diario oficial Granma informó ayer que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea “considerará informaciones” sobre “el estado de la legislación complementaria de la inversión extranjera” durante su primera reunión ordinaria del año, que tendrá lugar esta semana.
La ley de Inversión Extranjera es uno de los principales instrumentos del gobierno de Raúl Castro para inyectar capital a la economía de Cuba, donde, según estimaciones oficiales, se necesita entre 2000 y 2500 millones de dólares anuales para hacer sostenible el modelo y sus reformas, afectado en gran parte por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde octubre de 1960.
Los sectores que tendrán prioridad para la inversión, distribuidos en las áreas agrícola y forestal, son la industria alimentaria, energía y minas, industria azucarera, la sideromecánica, ligera, química y electrónica, industria farmacéutica y biotecnológica, comercio mayorista, salud, construcción, turismo y transporte.
El Ejecutivo de Castro pretende crear alianzas tecnológicas con socios extranjeros en ramas que considera como “muy deficitarias” en el país, como la producción de envases y embalajes, el reciclaje de materias primas, la fabricación de equipos electrónicos y electrodomésticos, las producciones químicas y sus derivados, de equipos médicos, de textiles, sus confecciones y accesorios, así como productos de higiene, perfumería y cosmética.
Para preservar el modelo socialista, la ley no prevé la posibilidad de que los ciudadanos de la isla puedan invertir como personas naturales y sólo contempla la existencia de inversores nacionales en forma de “personas jurídicas” (empresas estatales). La legislación mantiene también las restricciones existentes para los inversores extranjeros respecto de la contratación de mano de obra, que se realizará de forma indirecta a través de “entidades empleadoras” del Estado.
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