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Desde París
Nicolas Sarkozy sacó la artillería oxidada del cajón y apuntó hacia la legitimidad y la honestidad de los jueces que, tras permanecer detenido unas 15 horas, lo imputaron por “corrupción activa”, “tráfico de influencias” y “violación del secreto de instrucción”. El ex mandatario se presentó una vez más como la víctima de “la instrumentación política de una parte de la Justicia” y de un proceso con “acusaciones grotescas” que denota una “voluntad de humillarme”. Nada nuevo en suma en la línea de defensa del líder de la derecha francesa. El mismo y su entorno llevan meses haciendo campaña contra los dos jueces que llevaron a cabo la instrucción de su caso y, especialmente, uno de ellos, la jueza Claire Thépaut, a la cual Sarkozy y los suyos acusan de ser de izquierda y de ejercer un alto cargo en el sindicato de la magistratura. El ex jefe del Estado definió a la jueza como un “magistrado cuya obsesión política consiste en destruir a la persona contra la cual debe instruir, a cargo y descargo”.
Sin embargo, la información según la cual la jueza manda en el sindicato es totalmente falsa. Como lo demuestra ampliamente la investigación publicada por el vespertino Le Monde, la jueza jamás ejerció cargos en ese sindicato de magistrados ligado al sector progresista. La estrategia de la defensa consiste en poner en la agenda la idea de que todos los jueces son “rojos” y, por consiguiente, antisarkozistas. A fines de 2013, Sarkozy había comparado a la policía francesa con la célebre policía secreta de la ex Alemania del Este, la Stasi.
La detención de Sarkozy y su posterior enjuiciamiento provocaron un terremoto en Francia. El hecho es inédito. El ex presidente conservador Jacques Chirac había sido condenado por la Justicia a raíz de un caso de falsos empleados que se remontaba a los años en que fue intendente de París. Sin embargo, jamás un ex presidente había sido demorado e interrogado en dependencias policiales de esa manera. Los cargos por “corrupción activa”, “tráfico de influencias” y “violación del secreto de instrucción” que pesan hoy sobre Sarkozy corresponden a las investigaciones judiciales sobre una presunta financiación de la campaña electoral de 2007 mediante fondos aportados por el ex presidente libio Muamar Khadafi, al que Sarkozy contribuyó como ninguno a derrocar.
Cuando a principios de 2014 la Justicia ordenó que se pinchara el teléfono de Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog –igualmente imputado en la causa–, se descubrió que existía una red de informantes que iban adelantando a Sarkozy el estado en que se encontraban los legajos judiciales que lo incriminaban en varias causas. De allí salta la complicidad de otro de los imputados, Gilbert Azibert, miembro del Tribunal Supremo. Según se desprende de las conversaciones telefónicas, Azibert pasaba información privilegiada a cambio de una promoción en Mónaco. Sarkozy negó que Azibert haya obtenido sus favores: “No intervine, está en el legajo, está probado”, dijo el responsable político. La segunda línea de defensa concierne justamente a ese espionaje telefónico. Sarkozy, su entorno y varios magistrados franceses impugnan la legalidad del método utilizado, o sea, que se hayan interceptado las conversaciones telefónicas entre Sarkozy y su abogado.
El ex presidente aseguró que jamás cometió un “acto contrario al Estado de derecho” ni tampoco traicionó “la confianza de los ciudadanos”. La afirmación resulta osada a la luz de las siete investigaciones en curso, una de las cuales –el caso del empresario Bernard Tapie y los 400 millones de euros que recibió en indemnizaciones por parte del Estado– vincula a Sarkozy con ese montaje de manera más que escandalosa. Claude Guéant, secretario general de la Presidencia y ex ministro de Interior de Sarkozy, suministró detalladas informaciones sobre los lazos de Sarkozy con el empresario Tapie y la forma en que ambos prepararon el terreno para facilitar el arbitraje que benefició a Bernard Tapie. Claude Guéant está hoy imputado en este caso. Y a pesar de que penden sobre su cabeza esas investigaciones, Sarkozy no cerró la puerta a su retorno a las luces del escenario político. El líder francés aclaró que tomaría la decisión entre finales de agosto y principios de septiembre.
La impunidad es una cultura difícil de cambiar. En su primera entrevista, luego de su detención y posterior imputación, Sarkozy llegó a decir que “jamás hubo un sistema de doble facturación” en torno de la campaña electoral para su reelección en 2012. Nada puede ser más falso: en primer lugar, debido a las irregularidades constatadas, el Consejo Constitucional se negó a reembolsar los gastos de la campaña de Sarkozy. En segundo, hace unas semanas, el ex director adjunto de la campaña de Sarkozy, Jérôme Lavrilleux, reconoció la existencia de un profuso sistema de falsas facturaciones montado por el partido UMP para pagar los excesivos gastos de la campaña sarkozista. Ello derivó en una crisis dentro de la UMP, un partido aún sin líder, que arrastra un basural de casos de corrupción y desprestigio donde, hoy, la figura de Sarkozy está siendo más un estorbo que una salvación. Le metodología de los hombres políticos acusados por la Justicia es universal: negar los hechos, ensuciar a los jueces que investigan, acusar al poder actual de estar detrás de la conjura, presentarse como víctimas eternas de supuestas manipulaciones que sólo buscan apartarlos del reconocimiento popular. Nada nuevo bajo el cielo.
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