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El clérigo radical chiíta, Muqtada al Sadr, apoya que la coalición gobernante Estado de Derecho presente otro candidato, distinto a Nuri al Maliki, como futuro primer ministro. El líder religioso instó a la alianza en el Ejecutivo a presentar a otro aspirante a la jefatura de gobierno, especialmente después de que Al Maliki anunciara que no renunciará a su candidatura. Para Al Sadr, Al Maliki –actual primer ministro y líder del gobierno– no debe ser quien lidere un gabinete que debe encontrar una solución política que ponga fin a la ofensiva sunnita que asoló a Irak en el último mes. El clérigo coincide con Al Maliki en que el nuevo primer ministro debe salir de la alianza Estado de Derecho, fuerza vencedora de las elecciones legislativas del 30 de abril, en las que consiguió 92 de los 328 diputados del Parlamento.
Esa mayoría simple obliga a Al Maliki a pactar con otras fuerzas políticas –en una negociación que presenta importantes dificultades– que piden un Ejecutivo de unidad nacional que represente a todos los iraquíes y la salida del actual primer ministro, de confesión chiíta. La formación de un nuevo gobierno aparece lejana, como demostró el fracaso de la primera reunión, hace seis días, del Parlamento del país, que debía elegir al presidente y a los vicepresidentes de la Cámara alta. Los enfrentamientos entre los insurgentes sunnitas y el Ejército iraquí, que en las últimas horas se saldaron con 115 rebeldes abatidos, continuaron ayer, según anunció el portavoz militar, Qasem Ata. Noventa perdieron la vida en los alrededores de la refinería de petróleo de Biyi, la más grande del país y ubicada en la ciudad de la provincia de Saladino, al norte de Badgad. Ata afirmó además que el ejército permanece en la refinería, aunque no dio detalles del balance de víctimas del lado de las fuerzas armadas. Veinte extremistas más murieron en la sede de la gobernación de Saladino, en Tikrit, capital de la misma región, y otros cinco en la provincia de Babel, al sur de Bagdad, agregó el vocero castrense.
El conflicto iraquí tomó una nueva dimensión hace una semana con la proclamación por el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) de un califato que se extiende desde la provincia siria de Alepo a la iraquí de Diyala. En Siria, el EIIL deportó a 150 mil personas que vivían en la provincia de Deir al Zur, limítrofe con Irak, como castigo a su oposición al grupo radical, anunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El pecado de estos ciudadanos sirios fue combatir contra el EIIL, aunque, según la organización radical, ya mostraron su arrepentimiento, que fue aceptado, pero se les impuso más condiciones para permitirles volver a sus hogares: entregar las armas y permanecer fuera de la localidad durante diez días.
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