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Mientras en Uruguay los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos reclaman el fin de la impunidad, militares reivindicadores de la dictadura de ese país se reunieron con sus pares latinoamericanos de la ultraderecha más rancia en defensa de los represores presos, como sucedió en el foro organizado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que se realizó días atrás en Buenos Aires, al que fueron invitados civiles y militares retirados de Uruguay, Perú, Colombia, Chile y Venezuela. El encuentro tuvo, entre otros expositores locales, al director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, imputado por delitos de lesa humanidad.

Los coroneles retirados uruguayos José Carlos Araújo y Elmar Castiglioni son representantes del autodenominado Foro Libertad y Concordia, que nuclea a militares pasibles de ser indagados por la Justicia por sus actuaciones durante la dictadura (1973-1985) y que se constituyó a fines de diciembre de 2010 (Caras y Caretas, 4-2-2011). Apoyó esa iniciativa la ultraderechista UnoAmérica, cuyo líder, el antichavista Alejandro Peña Esclusa, fue preso en 2010 en Venezuela, acusado de preparar actos terroristas antes de las elecciones legislativas de ese año.

Araújo, egresado de la Escuela de las Américas en 1972, es recordado por pedir al presidente José Mujica que frenara el proyecto del Frente Amplio para anular la Ley de Caducidad, una amnistía que impidió durante más de veinte años que se juzgara a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. El Congreso, con mayoría de la coalición gobernante, aprobó en 2011 una ley que deja sin efecto la Caducidad, pero la Corte Suprema consideró inconstitucionales los artículos 2 y 3, desconociendo así que los crímenes cometidos hasta 1985 son delitos de lesa humanidad. El colega de Araújo, Castiglioni, dejó perpleja a gran parte de la opinión pública uruguaya cuando llamó “insignificantes” la cantidad de asesinatos durante la dictadura. Su tío, Víctor Castiglioni, ex director de Inteligencia de la policía, que falleció en 2000, figura en los expedientes de su país como un teniente coronel vinculado con la represión.

Entre los participantes de la ultraderecha latinoamericana también estuvo el abogado peruano Sergio Baltazar Tapia Tapia, defensor desde hace años de acusados de violaciones a los derechos humanos, como el almirante Luis Giampetri. Además de estar vinculado al fujimorismo, Tapia Tapia es asesor legal en su país del grupo argentino Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta). En Perú no rige una ley de amnistía, aun así los tiempos de la Justicia suelen ser lentos.

Los que asistieron al foro son los que permanentemente callan la verdad, –información que tanto aportaría para hallar los restos de los detenidos-desaparecidos– y reclaman la libertad de los militares presos. Porque –insisten– hubo una guerra entre un ejército regular y “un ejército marxista”, y los gobiernos progresistas de la región “persiguen” a “los que lucharon por la patria” en los setenta. Ese fue el mensaje que transmitieron a su paso por Buenos Aires.

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