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La Justicia brasileña bloqueó 47,88 millones de reales (unos 18,6 millones de dólares) de cuentas bancarias de 16 ejecutivos y tres empresas, investigados por mantener supuestos nexos con el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, confirmó ayer el Banco Central. En un informe elevado al juez encargado del caso, Sergio Moro, la autoridad monetaria afirmó que la medida afectó a 14 de los ejecutivos acusados, ya que en las cuentas de dos de los sospechosos –directivos de las constructoras IESA y Galvao Engenharia– no se ha encontrado ni siquiera un real, lo que genera sospechas de que los dos ejecutivos conocían con anticipación la posibilidad de bloqueo de sus bienes.
Según el Banco Central, casi la mitad del dinero bloqueado pertenece al vicepresidente de la constructora Engevix, Gerson de Mello Almada, cuyas cinco cuentas bancarias tenían en total depósitos por al menos 22,6 millones de reales (unos 8,76 millones de dólares). La Justicia sospecha que la empresa dirigida por Almada formaría parte de un cartel de nueve constructoras que pagaban a ejecutivos de Petrobras para obtener ventajas en las licitaciones de la empresa, y cuyos contratos con la petrolera suman actualmente 59.000 millones de reales (unos 22.868 millones de dólares).
Del total del dinero bloqueado, 3,2 millones de reales (1,26 millón de dólares) pertenecían al ex director de Servicios de Petrobras Renato Duque, arrestado el 14 de noviembre. El funcionario está bajo sospecha de integrar una red ilegal que desviaba un tres por ciento del monto de los contratos firmados por la petrolera con empresas privadas para financiar agrupaciones políticas, entre ellas el Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza encabezada por la presidenta reelecta Dilma Rousseff. Según la Policía Federal, la red ilegal, que operó entre 2004 y 2012, generó para Petrobras pérdidas por unos 10.000 millones de reales (3876 millones de dólares).
La investigación sobre las irregularidades en Petrobras, que fue uno de los temas que predominó en la campaña electoral, ingresó la semana pasada en una nueva etapa, gracias a una serie de informaciones brindadas por el ex director de Abastecimiento de la petrolera Paulo Roberto Costa, arrestado en marzo pasado. Costa firmó con el Ministerio Público un acuerdo de delación premiada, mediante el cual se comprometió a suministrar informaciones sobre la red de corrupción a cambio de una reducción de su condena. En su testimonio, además de revelar detalles sobre las empresas que participaban en las irregularidades, el ex ejecutivo identificó a políticos que se beneficiaron de la desviación de recursos, aunque aún no fueron reveladas esas identidades.
Ayer, Rousseff aseguró desde Brasilia que no busca poner límites a las investigaciones conducidas por la policía federal y por el Ministerio Público y sostuvo que “el combate a la corrupción nunca fue tan firme y severo como el que lleva adelante su gobierno”. “La Policía Federal y el Ministerio Público están investigando a los corruptos y a los corruptores, y no hay ningún tipo de presión del gobierno con miras a inhibir las investigaciones”, enfatizó la mandataria.
La petrolera brasileña impulsa una serie de sustituciones de sus gerentes para apartar a los que violaron normas internas. “La compañía informa de que viene promoviendo cambios en su estructura de gerentes en función de los resultados de las comisiones internas creadas para investigar (denuncias de corrupción) y que identificaron el no cumplimiento de procedimientos normativos internos”, informó la petrolera esta semana en un comunicado. La nota salió al paso de versiones de prensa según las cuales la estatal había despedido a cinco gerentes señalados como responsables por algunas de las irregularidades que la Justicia viene investigando. Petrobras, una empresa controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las Bolsas de San Pablo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, aclaró que ningún gerente ha sido despedido debido a que hasta ahora no hay pruebas contundentes contra sus empleados.
“No hubo despidos en la compañía, ya que no hay evidencias hasta el momento de dolo, mala fe o recepción de beneficios”, agrega el comunicado.
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