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Distintas organizaciones sociales de la región, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresaron su preocupación frente a la decisión del Tribunal Constitucional de República Dominicana de declarar inconstitucionales las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que el país pertenece desde hace 15 años y que hasta ahora no había cuestionado. La CIDH consideró culpable al país caribeño de discriminar a ciudadanos de origen haitiano entre 1999 y 2000. En el mismo fallo, la Corte Interamericana también determinó que una resolución constitucional dominicana emitida en 2013 y que privó a unas 200.000 personas de su ciudadanía (foto), viola el “derecho a la nacionalidad”, por lo que la conminó a realizar los cambios legales pertinentes. “La decisión atenta contra los principios de buena fe, pacta sunt servanda, estoppel y forum prorogatum. Un Estado que haya adoptado determinada conducta que produzca efectos jurídicos, no puede luego cambiarlos invocando disposiciones de nivel interno para incumplir con sus obligaciones internacionales, las cuales asumió voluntariamente, conforme surge de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, según el comunicado conjunto.
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