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Desde Lima
El año termina complicado para el gobierno del presidente Ollanta Humala. Una nueva ley laboral, sacada hace unos días en el Congreso casi sin debate, que recorta derechos a los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, ha gatillado la protesta social más grande en lo que va del régimen humalista, iniciado en julio de 2011. Estas protestas se suman a los escándalos políticos que este año han golpeado al régimen, a las denuncias de corrupción contra un cercano colaborador de Humala durante la campaña electoral, a las deserciones en la bancada parlamentaria oficialista, a un desaceleramiento del crecimiento económico, que ha caído de cerca de 6 por ciento a alrededor de 3 por ciento, y a la impericia de los voceros del oficialismo para defender al gobierno. Humala cierra el año enfrentado la protesta social y con una aprobación, según una encuesta de GFK, de solamente 24 por ciento y un rechazo que llega a 71 por ciento. La nueva ley laboral que ha gatillado la protesta social de estos días, marcada por una mayoritaria presencia juvenil, elimina una serie de derechos para los trabajadores que tienen entre 18 y 24 años: recorta las vacaciones de 30 a 15 días anuales, elimina el pago a los trabajadores de una compensación por tiempo de servicio, equivalente a un sueldo mensual por cada año trabajado, que el empleado puede cobrar cuando pierde el empleo, y deja sin efecto el pago de dos gratificaciones anuales.
Gritando consignas como “trabajo sí, pero con derechos” y “no al cholo barato”, más de quince mil manifestantes, en su gran mayoría jóvenes, marcharon ayer durante más de cinco horas por las calles de la capital peruana protestando contra la nueva ley laboral. “Ollanta decía que las cosas cambiarían, pero es la misma porquería”, coreaban los jóvenes. La movilización, que se inició al caer la tarde, recorrió pacíficamente varios distritos de Lima, pero cerca de la medianoche se desató la violencia. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes y éstos lanzaron piedras contra la policía. Los enfrentamientos terminaron con cinco detenidos. Las protestas se repitieron en varias ciudades del interior del país. El viernes último, otra masiva manifestación tomó las calles de Lima en rechazo a la norma que precariza el trabajo de los jóvenes.
El gobierno ha defendido la ley argumentando que actualmente más del 70 por ciento de los trabajadores del país lo hace de manera informal y, por lo tanto, sin derechos laborales, y que con esta nueva norma, al abaratar el costo del empleo, se promoverá que las empresas creen más empleo formal para los jóvenes, así como las inversiones para revertir la baja en el crecimiento económico. El presidente Humala, intentando defender la ley, ha terminado enredado en contradicciones, como decir que la eliminación de derechos laborales para los jóvenes “busca protegerlos de la sobreexplotación”.
Leyes anteriores, dadas en otros gobiernos, que ya reducen derechos laborales en sectores económicos como la microempresa o el sector agroexportador, promulgadas con ese mismo argumento de formalizar el empleo, no han producido esa formalización laboral que las justificó. Se ha denunciado que este nuevo recorte de derechos laborales es producto de la creciente influencia del sector empresarial y la derecha neoliberal, que controla el Ministerio de Economía, en el gobierno del presidente Humala.
Lo ocurrido también ha puesto en evidencia el oportunismo de un importante sector de la oposición, que votó a favor de la ley, pero después cambió su postura al ver la magnitud de las protestas. El fujimorismo, ahora la bancada más grande en el Congreso luego de las renuncias en el oficialismo, impulsó la ley y votó por su aprobación, pero días después, sin ruborizarse, sus voceros salieron a criticar la ley y atacaron al gobierno por promulgar la norma que ellos aprobaron en el Congreso. El ex presidente Alan García, político curtido en cambiar de discurso y acomodarse al viento, quien durante su segundo gobierno (20062011) defendió la reducción de los derechos laborales y dio una norma en ese sentido para los que trabajan en la microempresa, ahora, como prematuro candidato presidencial para 2016, se ha reconvertido en defensor de los derechos laborales y se sumó a las críticas a la nueva ley. Otro casi seguro candidato presidencial para 2016, el banquero Pedro Pablo Kuzcynski, que ya fue candidato en 2011 al frente de una alianza de derecha, fue uno de los más entusiastas defensores de la ley cuando se promulgó, e incluso pidió su ampliación, pero al ver las protestas sociales cambió de opinión y, con la misma convicción que la había defendido salió a criticarla.
Desde la oposición de izquierda las críticas a la nueva ley laboral han sido duras y, en su caso, marcan una postura constante frente a este tipo de normas, que también se han dado en otros gobiernos. Se ha presentado una demanda para que la ley sea declarada inconstitucional. Mientras tanto, los jóvenes han convocado para este sábado 27 una nueva movilización contra la ley que recorta sus derechos laborales.
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