Página/12 :: El mundo :: “Es una versión oficial, no histórica”

Desde México DF

El gobierno del priísta Enrique Peña Nieto dio un carpetazo al caso Ayotzinapa: los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, fueron asesinados y sus cuerpos incinerados y arrojados a un río. “Esa es la verdad histórica”, dijo la noche del martes el procurador Jesús Murillo Karam.

Pero no. “Esto no es la verdad histórica, esto es una versión oficial” fundada en confesiones, hipótesis y la extrapolación de un solo peritaje, aseguró ayer José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, quien acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de negligencia, mientras que los padres de los estudiantes desaparecidos reprocharon la intención gubernamental de cerrar el caso y anunciaron que acudirán la próxima semana a instancias de la ONU.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aclaró que el caso no puede darse por cerrado. “Las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos”, dijo ayer Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.

Apenas el lunes pasado, decenas de miles de personas marcharon en la 8ª Acción Global por Ayotzinapa, tanto en las principales ciudades de México como de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, justo al cumplirse cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes. El eco de la movilización llegó el martes a Los Pinos, mientras el presidente Peña Nieto se reunía con rectores y directivos de las principales universidades e instituciones de educación superior del país. Ahí, el rector de la UNAM, José Narro Robles, le recordó que “nadie en su sano juicio puede permanecer indiferente ante los horrores que afectaron hace cuatro meses a estudiantes de Ayotzinapa y a la población de Iguala, acontecimientos que han impactado la conciencia nacional y que nos siguen afligiendo”, y aprovechó para “pedirle un mayor esfuerzo” para cambiar “una realidad mediana por la que merece un país grande como el nuestro”. En presencia también del embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, el presidente Peña Nieto se limitó a defender la actuación de su procurador, a quien atribuyó un “esfuerzo sin precedente de búsqueda e investigación”, y a pedirle a la sociedad dar vuelta a la página.

“Estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México, de pena, de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí”, dijo Peña Nieto, haciendo recordar la indignación que generó a principios de diciembre pasado cuando pidió “superar” el caso Ayotzinapa.

Las conclusiones del procurador Murillo Karam presentadas el martes son las mismas que había ofrecido desde el 7 de noviembre, basada en la declaración de tres sicarios detenidos: los estudiantes fueron secuestrados y asesinados por la banda Guerreros Unidos, que habría incinerado los cuerpos en un basurero del municipio de Cocula y después habría arrojado los restos al río San Juan. La única supuesta evidencia adicional fue la declaración de un nuevo detenido, Felipe Rodríguez Salgado, alias El Terco o El Cepillo, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, desaparición y homicidio de los 43 estudiantes.

De paso, Murillo Karam exoneró al ejército, que ha sido reiteradamente acusado de haber intervenido en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, según una docena de testimonios y reportes de prensa. Sin embargo, para el procurador, “no existe ninguna evidencia de ello”. Ante esta postura oficial, la CNDH anunció que revisará exhaustivamente las investigaciones de la PGR para determinar violaciones graves de derechos humanos.

Por lo pronto, los padres de los estudiantes desaparecidos descalificaron a la PGR. En rueda de prensa, la madrugada de ayer, advirtieron que no se puede dar por cerrado el caso basado solamente en declaraciones de criminales y sin pruebas científicas que avalen que los 43 jóvenes normalistas fueron asesinados. Según el abogado Vidulfo Rosales, una representación de los padres acudirá ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en Ginebra, durante el proceso de evaluación a que será sometido México el 2 y 3 de febrero próximos. Ahí “vamos a denunciar y colocar el caso y una acusación formal contra el gobierno mexicano”.

Tanto los padres de los estudiantes desaparecidos como el director de HRW para las Américas, el chileno José Miguel Vivanco, señalaron que las conclusiones de la PGR no son avaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabajó en el caso, y consideraron reprobable que el gobierno mexicano ni siquiera haya esperado a los cinco expertos internacionales de Chile, Colombia, Guatemala y España, designados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) hace poco más de una semana. Estos expertos, junto con un equipo técnico de su confianza, deberían realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes, para lo cual dispondrían de un plazo de hasta seis meses. “¿A qué van a venir ahora? ¿A respaldar hechos consumados?”, cuestionó Vivanco durante una entrevista radiofónica.

Según Vivanco, dado el historial de corrupción y violencia en México, “no es inverosímil el relato de Murillo Karam, pero es difícil confiar en su palabra”. Y es que en México no sólo se arrancan confesiones sobre la base de torturas y presiones, recordó, sino que la única prueba científica de identificación de los cadáveres se hizo en un caso, no en el resto, y el procurador extrapola, amplía y aplica ese resultado al resto de los supuestos 42 cadáveres que se enviaron a unos laboratorios en la Universidad de Innsbruck, en Austria. “Da la impresión de premura por concluir mediáticamente esta investigación.”

Familiares y Human Rights Watch critican el archivo del caso Ayotzinapa

“Es una versión oficial, no histórica”

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México reprocharon la intención gubernamental de cerrar el caso y anunciaron que acudirán a instancias de la ONU. Para la Procuraduría, los jóvenes fueron asesinados.