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La Justicia española ordenó ayer la apertura de juicio oral contra 40 imputados en la mayor trama de corrupción destapada en democracia en España y vertebrada en torno del gobernante Partido Popular (PP). Seis años después de que estallara el escándalo, el juez de la Audiencia Nacional –máxima instancia penal– Pablo Ruz decidió que sentará en el banquillo a los principales implicados en el llamado caso Gürtel, entre los que figuran el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario Francisco Correa. La Fiscalía Anticorrupción solicitó condenas de 42 y 125 años de prisión para cada uno, respectivamente.
Un total de 40 personas comparecerán en el juicio, que abarca la primera época bajo investigación, que se extiende de 1999 a 2005. Las audiencias públicas no tendrán lugar hasta 2016 y se estima que durarán al menos 4 meses. Los acusados se enfrentan a los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación. Ruz dictó esta resolución después de que la Sala en lo Penal rechazara casi la totalidad de los recursos planteados por los acusados contra su procesamiento, al considerar que existen indicios de criminalidad contra ellos. El juez fijó una fianza por responsabilidad civil para 36 de los acusados, que suma la cifra de 449 millones de euros, que representa la suma que se estima fue sustraída de las arcas públicas gracias a los negocios ilegales de la trama empresarial que obtenía contratos con el PP en comunidades y municipios donde gobernaba la fuerza derechista.
Bárcenas, quien se desempeñó como tesorero y senador del PP, se encuentra en libertad tras abonar 200.000 euros en concepto de fianza que le impuso la Audiencia Nacional. Bárcenas apareció en el centro de la red liderada por Correa y tendrá que hacer frente a la fianza más alta (88 millones de euros). Correa, por su parte, comenzó a desplegar su actividad empresarial en los años ’90, durante el gobierno de Aznar, y siguió haciendo negocios con las administraciones regionales y locales del PP en los años posteriores. Para el cabecilla de la red, el juez fijó una fianza de 60 millones de euros. En este sentido, la ley les concede un plazo de diez días para depositar el dinero y de 30 días para que sus abogados formulen los escritos de la defensa.
Además de Bárcenas y Correa, considerado el líder de la red Gürtel, están procesados otros dos ex tesoreros del PP, Angel Sanchis y Alvaro Lapuerta. Otros políticos involucrados en el escándalo son Alberto López Viejo, cercano a la ex presidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre, el diputado Jesús Merino, el ex alcalde Guillermo Ortega y Pablo Crespo, ex secretario de los conservadores en Galicia. También Alvaro Pérez, alias El Bigote, quien participó del escándalo Gürtel en Valencia. El magistrado también llevará ante los tribunales a la ex ministra de Sanidad de Rajoy, Ana Mato, y a Gema Matamoros, la esposa del ex alcalde de Majadahonda, por ser partícipes lucrativos de la trama. A ellos les insta a pagar 28.000, 245.000 y 45.000 euros, respectivamente. Ruz involucró en el caso a Mato, dado que la investigación sostiene que la ex ministra de Sanidad se benefició de los delitos cometidos por quien era entonces su marido, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda. Este último favoreció durante años a Francisco Correa con sus decisiones al frente del ayuntamiento. A cambio, el jefe de la trama corrupta le regaló un auto, varios viajes y financió fiestas de cumpleaños para sus hijos. Sepúlveda se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de prisión y deberá pagar 2,5 millones de fianza civil.
La investigación del caso Gürtel arrancó en el verano de 2008 a raíz de la denuncia formulada por el ex concejal del PP José Luis Peñas, ante la Fiscalía Anticorrupción. Peñas grabó conversaciones con Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, durante más de un año. En esos registros, Correa relató con detalles sus negocios corruptos y las vinculaciones que mantenía con los dirigentes del PP. El juez Baltasar Garzón llevó durante meses la investigación en secreto y ordenó la detención de los tres cabecillas de la red en febrero de 2009.
La red Gürtel se especializó en la organización de eventos y campañas electorales del PP, al tiempo que aprovechó sus contactos con personas con responsabilidades orgánicas para conseguir adjudicaciones públicas. En el marco de la investigación, a mediados de enero de 2013, el juez Ruz descubrió que Bárcenas acumuló hasta 22 millones de euros en Suiza –luego él reconoció que eran 38 millones y finalmente la policía descubrió la suma de 48,2 millones– y días después el diario El País publicó unos documentos manuscritos de una contabilidad paralela del PP atribuida a él.
A raíz de que salió a la luz la “Caja B”, se descubrió una financiación ilegal del PP y el pago de dinero en negro a la cúpula del partido, entre ellos, el propio presidente español, Mariano Rajoy. “Esta no es una trama del PP, es una trama contra el Partido Popular”, dijo Rajoy respecto del caso Gürtel cuando estaba aún bajo la investigación del juez Garzón. Lo primero que se juzgará serán los negocios corruptos relacionados con la comunidad de Madrid. El resto de la trama afecta principalmente a Valencia y a Castilla-La Mancha.
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