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“La Eurocumbre enfatiza la necesidad crucial de reconstruir la confianza con las autoridades griegas como requisito previo para un posible acuerdo sobre un nuevo programa de financiamiento”. Así comienza el documento que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, terminó de consensuar ayer a la madrugada en Bruselas con el resto de los presidentes de la Zona Euro y el Fondo Monetario (FMI) luego de dieciocho horas de negociación. La desconfianza expresada en ese párrafo se traduce luego en una larga lista de exigencias que Grecia deberá ir cumpliendo de manera escalonada, bajo la supervisión estricta de la troika, para acceder a los fondos que le permitan afrontar sus próximos vencimientos de deuda. Lo que sigue es un detalle del duro recorrido que le espera al país helénico si quiere permanecer en la Zona Euro y las consecuencias que supone ese camino en términos de pérdida de soberanía.
El primer ultimátum incluido en el documento indica que mañana el Parlamento griego deberá aprobar cuatro proyectos: 1) reforma del Impuesto al Valor Agregado y ampliación de la base impositiva para incrementar ingresos; 2) cambios en el sistema jubilatorio para mejorar su sostenibilidad a largo plazo; 3) mecanismos de garantía para el funcionamiento independiente de su oficina de estadísticas; y 4) fijación de garantías que aseguren recortes automáticos del gasto apenas se detecten desviaciones con respecto a los objetivos fiscales.
Si el Parlamento cumple con ese paquete, recién entonces se le dará mandato a la troika (integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y al FMI) para negociar un nuevo Memorándum de Entendimiento (MOU) con Grecia destinado a destrabar el tercer programa de rescate.
Mientras se abre la negociación del Mou, el Parlamento griego tendrá que aprobar el miércoles 22 otros dos proyectos: La introducción de modificaciones en el Código Civil de Procedimientos para “agilizar” la Justicia y la adopción de la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancaria (BRRD, por sus siglas en inglés), que fija un procedimiento para intervenir cuando las entidades tienen riesgo de quiebra.
El documento aclara a su vez que para poder consensuar el MOU, Grecia deberá impulsar otra serie de reformas, entre las que se incluyen nuevos cambios en el régimen de jubilaciones, aplicación de la cláusula de déficit cero antes de octubre de 2015, mayor desregulación del mercado de servicios (incluyendo desde los horarios de atención de los comercios hasta la apertura del transporte marítimo), privatización del operador de la red de transmisión eléctrica Admie, flexibilización del mercado laboral, fortalecimiento del sector financiero y reducción de costos en la administración pública.
A este largo listado de medidas se le suma también la obligación de crear un “fondo independiente” al que se le transferirán “activos griegos valiosos” por un valor de 50.000 millones de euros para que sean privatizados. Alemania quería que los activos fueran transferidos a un fondo en el exterior, como la Institución para el Crecimiento de Luxemburgo, pero Tsipras aseguró que esa concesión era inviable en términos políticos. Por lo tanto, la institución encargada de rematar los bienes griegos funcionara en ese país. En junio de 2011, el gobierno del entonces primer ministro Giorgos Papandreu creó el Fondo de Desarrollo de los Activos de la República Helénica, una sociedad anónima a la que se le transfirieron todas las firmas que se fueron poniendo a la venta, listado que incluyó proveedoras de agua, telefonía, gas, electricidad, los trenes, los aeropuertos, la lotería, el correo, los principales puertos y miles de propiedades y tierras públicas, incluso islas paradisíacas. El objetivo era recaudar 50.000 millones de euros en cuatro años, pero sólo ingresó cerca del 10 por ciento de ese monto. La troika ahora quiere acelerar ese proceso de desguace. Por eso, exige supervisar el funcionamiento del nuevo fondo. Más allá de cuánto se termine recaudando, el documento prevé que el 50 por ciento será para recapitalizar bancos, un 25 por ciento para pagar deuda y el 25 por ciento restante para inversiones.
Para asegurarse el control absoluto sobre el devenir griego, Alemania y sus socios aclararon expresamente en el documento que el gobierno de turno deberá consultar y acordar con la troika todos los proyectos antes de someterlos a la votación del Parlamento. A su vez, se remarca que los compromisos mencionados en el texto “son los requisitos mínimos para iniciar las negociaciones con las autoridades griegas”. Con respecto al pedido de reestructuración de los pasivos que había formulado Grecia, el documento aclara que “los recortes nominales sobre la deuda no pueden ser llevados adelante” y solo deja abierta la posibilidad de evaluar un alivio de esa carga (mediante períodos de gracia y vencimientos más largos) recién si se acuerda un programa de rescate y hay una primera revisión positiva del mismo.
Tsipras aceptó esté inédito listado de exigencias, en muchos casos humillantes, a cambio de que sus socios europeos liberen los recursos necesarios para afrontar el pago de la deuda. En el documento se estima que las necesidades de financiamiento para los próximos tres años están entre los 82 mil y 86 mil millones de euros. No obstante, la Eurozona reconoce la necesidad de avanzar rápido con el Mou para poder liberar los 7 mil millones de euros que Grecia necesita antes del 20 de julio y los otros 5 mil que requiere para mediados de agosto.
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