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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó nuevamente la suspensión de ataques aéreos a campamentos en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “He dado la orden de suspender a partir de hoy (por ayer) los bombardeos a campamentos donde haya concentración de miembros de esa organización; sólo se podrán realizar por orden explícita del presidente”, anunció el jefe de Estado durante un acto conmemorativo de la Armada en Cartagena de Indias, en el norte del país. El mandatario advirtió además que la medida, cuyo alcance no tiene fijado límite de tiempo, será efectiva para aquellos campamentos alejados de núcleos de población o no constituyan amenaza para lugareños, la fuerza pública, la infraestructura. Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, manifestó que la guerrilla colombiana no aceptará ser el único sector juzgado en el marco de las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, Cuba.
La decisión de Santos fue adoptada en reciprocidad con el cese del fuego unilateral iniciado por las FARC el lunes pasado. Semanas atrás, tanto el gobierno como la organización guerrillera habían anunciado que adoptarían medidas que contribuyeran al “desescalamiento” del conflicto armado, con el fin de facilitar las negociaciones en pos de un acuerdo definitivo de paz, que los convoca a mantener conversaciones en la capital cubana desde el 19 de noviembre de 2012. El presidente de Colombia ordenó la suspensión de los bombardeos contra la guerrilla, medida que había tomado en marzo con el objetivo de reducir la intensidad de la disputa, pero que levantó un mes después tras un ataque guerrillero en el que murieron once soldados.
Se trata de la primera iniciativa adoptada por el Ejecutivo colombiano en pos de poner paños fríos sobre el conflicto armado después de que los negociadores del Estado y las FARC acordaran hacerlo el pasado 12 de julio. Desde entonces, se especuló con los pasos que el gobierno de Santos podría dar, sobre todo, tras el encuentro que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, mantuviera con la cúpula militar para planificar cómo bajar los decibeles de la confrontación.
La guerrilla mantiene desde el 20 de julio un alto el fuego unilateral e indefinido que –dijo Santos– será evaluado de forma continuada. La decisión de reducir la intensidad del conflicto busca favorecer las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana en las que restan discutir apenas dos puntos referidos a víctimas y abandono de armas y desmovilización de guerrilleros para firmar la paz. Para acelerar el proceso, las partes decidieron darse cuatro meses, hasta el próximo noviembre, momento en el que Santos decidirá, en función de los resultados obtenidos, si continúa o no con los diálogos, iniciados en 2012. Al respecto, el presidente aseguró que tuvo “toda la paciencia y todo el aguante para que las conversaciones de paz tengan un nuevo aire y un nuevo impulso” y que esta nueva oportunidad no se puede ni se debe desperdiciar.
Mientras tanto, el abogado español y asesor jurídico de las FARC reveló que los delegados de la organización armada buscan en las negociaciones con el gobierno que los crímenes cometidos por sus miembros sean perdonados. “Las FARC no están pidiendo una amnistía general, pero sí una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos, que se definirán en su momento”, dijo Santiago en declaraciones publicadas ayer por la revista Semana.
El abogado afirmó que el grupo armado vería con buenos ojos la ejecución de un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad y que “se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador”, que no necesariamente tienen que incluir penas privativas de libertad. “Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad; creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel es un concepto medieval”, sostuvo. Santiago reconoció que esa herramienta extrajudicial está aún por definirse, pero consideró que podría ser una sala dentro de la Comisión de la Verdad, o por fuera de ella, donde a cambio de una verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas.
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