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La nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció ayer que más de 220 familias que corrían peligro de ser expulsadas de sus casas podrán seguir en sus viviendas a cambio de un alquiler social. Se trata de familias que alquilan departamentos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) distribuidos por distintas partes de la capital y que el anterior gobierno quería vender a un fondo de inversión.
Los inquilinos se organizaron en la plataforma “Yo no me voy”, que representa actualmente a 40 edificios, para oponerse a las nuevas condiciones que querían imponerles en los contratos de alquiler una vez que se produjera la venta. Carmena les garantizó ahora que seguirán vigentes los contratos que firmaron en su momento, algunos incluso de los años ’80.
La alcaldesa, que llegó al cargo como titular de la candidatura de unidad ciudadana de izquierdas Ahora Madrid –en la que estaban integrados miembros del partido Podemos– remarcó que 70 familias estaban ya por ser desalojados, proceso que ahora quedará interrumpido. La política del ayuntamiento se basa en la idea de que el derecho a la vivienda es un pilar fundamental en la vida de las personas, señaló ayer Carmena a la prensa. También destacó que el ayuntamiento debe hacer posible alquileres sociales, para lo que está reorganizando las viviendas públicas.
Tal como rezaba en el programa electoral de Ahora Madrid, el Ayuntamiento madrileño se puso como meta solucionar el problema de los desahucios. Por eso, en su primera semana de gestión, el equipo de Carmena puso en marcha la Oficina de Mediación Hipotecaria, que depende del Area de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, dirigida por la primera teniente de alcalde, Marta Higueras. Para el buen ejercicio de esta dependencia fue fundamental el apoyo de las entidades bancarias, por eso la alcaldesa e Higueras mantuvieron encuentros en junio con los presidentes de los bancos más importantes, Bankia, Santander y BBVA. “Han sido muy colaboradores, vamos a trabajar estrechamente”, señaló en su momento Higueras, experta en gestión pública, según reseñó el diario El Mundo de España. La funcionaria mostró experiencia en el País Vasco: allí montó una oficina antidesahucios, y durante cuatro años fue directora de Justicia del Gobierno de Patxi López.
En el camino para generar políticas públicas que permitan detener los desalojos en la capital peninsular, el primer paso ha sido que el Consistorio que funciona dentro de esa oficina eligiera mediadores entre los mejores funcionarios, que se encargarán de hacer un estudio de la capacidad económica de los deudores, señaló Higueras. A su vez, ese estudio se cruzará con otro informe sobre la información social y el riesgo de vulnerabilidad de esas familias. Con el análisis pormenorizado de cada familia, cada caso, los mediadores irán al banco para tratar de encontrar una solución.
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