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Página/12 En Gran Bretaña
Desde Londres
Los proverbiales primeros cien días de gobierno de los conservadores dejaron en el camino un reguero de promesas traicionadas. Como el mismo primer ministro, David Cameron, indicó poco antes de que se cumpliese la fecha, “este gobierno no ha desperdiciado un minuto”. No falsea la verdad. En este período el gobierno ha avanzado con todo tipo de medidas en su plan para achicar el Estado: algunas anunciadas, la mayoría ocultas.
Las promesas preelectorales suelen tener una invisible fecha de vencimiento: reivindicadas antes de las comicios, se diluyen una vez alcanzada la victoria. Cuando quedaban pocas semanas para las elecciones y todas las encuestas vaticinaban una final reñida entre conservadores y laboristas, una mujer le preguntó a Cameron en un diálogo televisivo abierto al público si los conservadores pensaban cortar los tax credits (reintegro impositivo) para familias con niños. Cameron fue enfático: “No vamos a hacer eso”.
Los conservadores ganaron el 7 de mayo con mayoría parlamentaria propia y en junio el ministro de Finanzas, George Osborne, anunció una profunda reforma de los tax credits. Esta reforma equivale a recortar unos 9000 millones de libras de las 30.000 millones destinados a esta política que compensa con ayuda estatal los bajos salarios que paga el sector privado. Al mismo tiempo, dado el impacto que esto tendría sobre los indicadores sociales, el gobierno anunció que se eliminaría la definición oficial de pobreza calculada como todo ingreso disponible por debajo del 60 por ciento del ingreso promedio.
Los conservadores señalaron que esta medición debía ser reemplazada por otra que no se reduciría a factores exclusivamente económicos ya que, según los tories, hay factores que gravitan en el tema, como el nivel educativo, la estabilidad familiar o el alcoholismo. En la práctica, sin fecha concreta para el nuevo índice que deberá ser elaborado por un comité de expertos, la medición de la pobreza ha dejado de existir.
En la misma vena se congelaron la ayuda universal a la niñez por cuatro años y un plan de modernización de la red ferroviaria en el centro y norte del país, parte de lo que el gobierno pomposamente había prometido como una nueva “northern Power House” (usina norteña) para achicar la diferencia entre un norte empobrecido y un sur afluente. La agenda verde con el programa de insulación de hogares con energía renovable, “el mayor programa de renovación de hogares desde la Segunda Guerra Mundial”, ha sido igualmente archivado en estos primeros cien días.
En la plataforma electoral conservadora figuraba un corte del gasto fiscal de 12.000 millones de libras por año, pero sin ofrecer detalles al respecto. Con la premisa de que eso no les iba a tocar a ellos sino a otros, muchos votaron igual a los conservadores. La guadaña ha sido despiadada. Entre gastos recortados y congelados quedaron atrapados beneficios para la vivienda, los salarios de más de cinco millones de empleados de la administración pública y el financiamiento de la BBC.
No todas han sido promesas traicionadas. Los tories, que siguen reivindicando la privatización thatcherista de los ’80, prometieron avanzar en este terreno. Gente de palabra, iniciaron este mes la reprivatización del Royal Bank of Scotland –estatizado durante el estallido financiero de 2008– con la venta de un 6 por ciento de su paquete accionario. Como negocio fue francamente desastroso: una pérdida de mil millones de libras. No sólo se pagaron 3,30 libras por acciones adquiridas a 5,02 libras, sino que se vendieron a menos de lo que se le había ofrecido en enero de este año (4,10).
La diferencia en el precio no importaba tanto porque, según el gobierno, las acciones del banco aún en manos estatales (un 73 por ciento) se valorizarán más gracias a la dinámica misma de la privatización. En estos cien días esta dinámica se puso en marcha. El gobierno vendió lo que le quedaba del Servicio Postal de la Corona (Royal Mail), privatizado mayoritariamente (también a precio vil) durante la coalición conservadora- liberal demócrata de 2010-2015, e indicó que quería “devolver el banco Lloyd al sector privado en los próximos años”, equivalente a unos 13.000 millones de libras en acciones.
En línea con la persecución de las metas fiscales de cero déficit para 2020, el gobierno podría también vender Urenco (procesamiento nuclear) y Canal 4 (televisión comercial estatal). Con la oposición laborista dividida, desmoralizada y sumergida en un intenso debate interno sobre la elección de su próximo líder, nadie ha cuestionado con fuerza esta política que ni siquiera parece sustentarse en una lógica básica de almacenero que saca una ganancia de una venta. Los conservadores se han convertido en expertos de los pases de magia retóricos: hacer votar un programa de ajuste en las elecciones de mayo fue uno de sus logros más notables. Como señaló el cómico Mark Steele, en su columna en The Independent, “tenemos suerte de que estén a cargo de la economía para reparar el desastre de los laboristas y que puedan vender a menos lo que nosotros compramos a más; este ojo para los negocios es extremadamente raro”.
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