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El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, pidió a la Suprema Corte que investigue la presunta existencia de cuentas secretas en Suiza que, se sospecha, habrían sido usadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para depositar dinero presuntamente desviado de Petrobras. Se trata del segundo proceso judicial que se inicia en contra del titular de la Cámara baja, que en la línea de sucesión presidencial se ubica en el tercer lugar después de Dilma Rousseff y su vice, Michel Temer. En una causa anterior, Cunha fue denunciado ante el Supremo Tribunal Federal por corrupción pasiva y lavado de dinero, delitos que habrían sido cometidos en el marco de la red de corrupción en la petrolera estatal. Por otra parte, el jurista brasileño Hélio Pereira Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), formalizó ayer un nuevo pedido de apertura de juicio político contra la jefa de Estado brasileña, presentación que agrega denuncias a la requisitoria original realizada semanas atrás.
Según el diario O Globo, Janot exigió en esta ocasión al Supremo que se investigue si además de usar las cuentas para guardar dinero proveniente supuestamente de actividades ilícitas, Cunha incurrió en otros delitos, tales como evasión fiscal y lavado de dinero. La cuestión que genera polémica es que, por un lado, el político del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) no declaró la existencia de esas cuentas bancarias ante los organismos correspondientes y, por otra parte, negó ser titular de cuentas en el exterior cuando habló en marzo ante una comisión parlamentaria que investiga la trama de corrupción en Petrobras.
Las cuentas salieron a la luz cuando las autoridades suizas revelaron su existencia, que, ante las sospechas de que formaban parte de maniobras vinculadas con actividades ilegales, decidieron bloquear dos de ellas.
El Ministerio Público suizo señaló que antes de llegar a las cuentas secretas, el dinero pasó por varias empresas off-shore con el fin de camuflar el origen de los recursos. En los últimos años, estas cuentas, que pertenecen a Cunha y a su esposa, habrían recibido ingresos por un total de 22 millones de reales (unos 5,7 millones de dólares).
La acción judicial anterior contra el presidente de la Cámara de Diputados surgió a partir de acusaciones realizadas por el empresario Julio Camargo, uno de los implicados en los fraudes en Petrobras que colabora con la Fiscalía a cambio de una reducción de la pena. En ese sentido, el consultor afirmó que Cunha le exigió cinco millones de dólares en concepto de sobornos para que la empresa Samsung Heavy Industries, a la que Camargo asesoraba, le alquilara dos buques de perforación a Petrobras. A raíz de las denuncias, Cunha es presionado a renunciar o ser despojado del cargo. El martes, 46 legisladores de varios partidos, entre otros del gobernante PT, presentaron ante el Consejo de Etica de la Cámara Baja un pedido de impugnación de su mandato.
Sobre el pedido de juicio político presentado por Pereira Bicudo contra Rousseff, medios locales informaron que el documento lleva también la firma del jurista Miguel Reale Junior, ex ministro de Justicia del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. La denuncia será entregada hoy a Cunha, quien tiene la potestad de habilitar o archivar la solicitud. La iniciativa del fundador del PT se apoya en maniobras contables a las que habría recurrido el gobierno en 2014, conocidas como “ruedas fiscales”, prácticas consistentes en retener dinero que debía ser transferido a bancos públicos para pagar programas sociales, retención usada, en teoría, para maquillar resultados fiscales, pero que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Por primera vez desde 1937, el Tribunal de Cuentas (TCU) reprobó la semana pasada los balances del gobierno del año pasado y recomendó al Congreso hacer lo mismo. En el pedido original, los querellantes denunciaron que tales maniobras durante el último año del primer gobierno de Dilma. Ayer, agregaron informaciones del Ministerio Público de Cuentas, que indican que las “ruedas fiscales” continuaron realizándose este año, el primero del segundo mandato.
Una medida dictada esta semana por tres jueces de la Corte Suprema dificulta el inicio de un juicio con miras a la destitución de la mandataria. La medida cautelar, publicada el martes, le cierra la puerta a un pedido de apertura de impeachmente contra Rousseff toda vez que sea rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados –Cunha–, y clausura toda posibilidad de que la oposición recurra esa decisión en el pleno del órgano legislativo. En opinión del Supremo, el pedido de impeachment va en contra de una ley de 1950 que establece normas y procedimientos para iniciar un juicio con miras a la destitución de un jefe de Estado. Según esa ley, la decisión sobre un juicio de esa naturaleza recae exclusivamente en manos del presidente de la Cámara baja y debe además estar fundamentada en razones de estricto orden jurídico.
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