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El gobierno de Colombia y las FARC reanudaron ayer el diálogo en La Habana con el objetivo de conseguir un acuerdo antes de marzo próximo y avanzar en el debate sobre la justicia transicional. Durante este ciclo, que se prolongará hasta el 13 de noviembre, ambas partes se enfocarán además en el desafío de avanzar hacia una tregua bilateral que sea el preludio de una pacificación definitiva.
Antes de comenzar las reuniones, que incluyeron a la canciller María Angela Olguín. El líder insurgente Luis Antonio Losada, aseguró que la vía de la justicia restaurativa es el camino directo hacia el fin del conflicto en Colombia, un proceso que, según la guerrilla, se encuentra en un punto que demanda mayor respaldo y legitimidad de ambas partes. “La ampliación de la democracia es lo que hará innecesaria la confrontación armada entre compatriotas”, dijo. Las FARC, que se congratularon por el apoyo del Consejo Gremial Nacional colombiano al proceso de paz, hicieron también un llamamiento a poner fin a los rencores. “Superar por la vía del diálogo un conflicto que sobrepasa medio siglo implica derrotar los odios y las ansias de venganza. La justicia restaurativa es el camino para lograrlo”, afirmó el jefe rebelde, que aseguró que ninguno de los acuerdos logrados en La Habana pone en peligro la estabilidad política del país. “La firma de los convenios fortalecen a Colombia en la medida que generan condiciones para que todos los ciudadanos podamos dirimir nuestras diferencias por la vía democrática”, dijo el líder guerrillero. Consultado sobre la vigencia del plazo de seis meses para la paz, anunciado por el presidente Juan Manuel Santos durante la firma del acuerdo sobre justicia transicional y el histórico apretón de manos con el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, Lozada advirtió que se hablará de eso “cuando se cierre el tema justicia” en la negociación.
Santos anunció la fecha del 23 de marzo para la firma del acuerdo de paz que se negocia en La Habana desde noviembre de 2012. Antes de eso, ambas partes se propusieron acordar un cese al fuego bilateral para diciembre. Las FARC mantienen una tregua unilateral desde el pasado 20 de junio, pero advirtieron que su decisión peligra a raíz de un aumento de las operaciones militares en su contra. El pasado 28 de octubre el jefe de Estado colombiano pidió a los negociadores de ambas partes realizar un esfuerzo para avanzar en el cierre de algunos puntos en las conversaciones y comenzar el 2016 con el cese bilateral de las hostilidades. La guerrilla propuso después adelantar la tregua a mediados de diciembre y Santos se mostró de acuerdo y pidió ayuda a la ONU en la verificación internacional.
En Bogotá, el Frente Amplio por la Paz, que aglutina a organizaciones sociales y políticas de la izquierda colombiana, anunció ayer que viajará la próxima semana a La Habana para ayudar a que continúe el alto el fuego unilateral de las FARC y colaborar con el objetivo de que los negociadores del gobierno y la guerrilla avancen hacia el cese bilateral.
Según la representante del bloque, Angela María Robledo, la comisión propondrá acuerdos de no agresión entre mandos del Ejército y guerrilleros. “La propuesta que llevamos es hacer acuerdos entre las FARC y el ejército para evitar más perdidas de vidas”, señaló.
La delegación que viajará a Cuba contrastará las advertencias de las FARC sobre el riesgo de no poder continuar con el alto el fuego unilateral debido a los operativos militares. Para cumplir sus objetivos, el Frente solicitó también un diálogo con el presidente Santos y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, así como el apoyo de sectores políticos y sociales al alto el fuego unilateral.
Esta comprobación se hará con una metodología específica pero también de forma presencial en algunas regiones de Colombia especialmente golpeadas por el conflicto armado, tales como Caquetá, Meta, Catatumbo, Cauca y el Urabá chocoano. A través de un comunicado, el Frente advirtió que, a falta de contrastar datos, algunas de las denuncias presentadas por la guerrilla coinciden con sus investigaciones a la hora de señalar hechos puntuales que podrían poner en peligro el proceso de paz. “Nos preocupa el aumento de la presencia paramilitar y el aumento del pie de fuerza.”
La semana pasada viajaron también a La Habana representantes del Congreso de Colombia, los cuales se reunieron con la guerrilla para discutir los instrumentos legislativos con que se refrendarían los futuros acuerdos de paz. El presidente del Senado, Roy Barreras indicó que el Congreso desea que las FARC adhieran el mecanismo de refrendación popular, ya que lo consideran como el más adecuado para garantizar la seguridad.
Sin embargo, según afirmó Lozada, la insurgencia rechazó de plano esta propuesta unilateral, debido a que consideran que no se ven beneficiados por la misma. En cambio, explicó el líder insurgente, para refrendar los acuerdos se debería celebrar una Asamblea Nacional Constituyente.
El gobierno y la guerrilla concluyeron el anterior ciclo de diálogo –el número 42– con fuertes disputas sobre los alcances de ese pacto, que contempla la creación de un tribunal especial y juicios y penas de cárcel para los responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.
Las partes, que discuten actualmente el complejo punto sobre víctimas, alcanzaron hasta la fecha acuerdos parciales sobre la reforma rural, participación política y drogas líticas. Quedan pendientes los temas de desarme, para el cual ya trabaja una comisión conjunta de carácter técnico.
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