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Desde Barcelona
La declaración independentista del Parlamento catalán quedó suspendida de forma inminente por el Tribunal Constitucional de España, la investidura de Artur Mas como presidente del gobierno regional también se paralizó por no haber obtenido el apoyo de la lista de izquierda CUP. ¿Cómo continúa entonces el proceso secesionista? ¿Quién lo liderará? Estas preguntas acaparan ahora tapas de diarios, pasillos y cafés en toda Cataluña y el resto del Estado pero, más allá de la proliferación de teorías que intentan responderlas, las certezas de momento son pocas.
La cuestión relativa al nuevo gobierno de la Comunidad Autónoma es, al menos, más fácil de dilucidar en cuanto a los pasos formales a seguir. Ayer se llevó a cabo la segunda jornada del debate de investidura que, de haber acuerdo entre los grupos parlamentarios, debía nombrar al nuevo presidente de la Generalitat. Pero la mayoría simple que era necesaria para ello no se consiguió y Artur Mas se quedó –como ya había sucedido el lunes– con las ganas de renovar el mandato aunque, eso sí, logró pasar a la historia como el primer candidato a la presidencia de Cataluña desde la restauración de la democracia que no llega a ser investido en ninguna de las dos primeras votaciones.
La formación independentista de izquierda CUP reiteró su “no” a la reelección del secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y ese rechazo produjo que la sesión se levantara sin un Ejecutivo formado. El líder parlamentario de la CUP, Antonio Baños, lo dejó claro en su discurso en el hemiciclo: “Aquí hay un problema con el nombre del candidato a la presidencia. Si Junts pel Sí (la coalición independentista que ganó las elecciones el 27 de septiembre y de la cual la CUP, Esquerra Republicana y CDC forman parte) hubiera propuesto otro nombre ya tendríamos acuerdo”, aseguró. La agrupación anticapitalista mantuvo así, hasta el final, la negativa hacia Mas que viene defendiendo desde hace meses por la vinculación de su partido a numerosos escándalos de corrupción, la aplicación de severos recortes en derechos sociales durante su legislatura y un exceso de personalismo en su discurso político.
De todos modos, Baños expresó en su intervención que el “no” que le daban a Mas es un “no tranquilo”, porque “decimos sí a la República catalana”. “Es un no que no cierra la puerta a ir más lejos y a sumar más gente a favor de la independencia”, agregó el diputado de la CUP, quien subrayó que la formación “tiene la intención sólida de alcanzar un acuerdo de gobierno” para no llegar a un escenario de elecciones anticipadas, “porque son reaccionarias, no revolucionarias”. Dicha intención tranquilizó, en parte, al actual presidente de la Generalitat en funciones, quien valoró positivamente que ambos grupos tuvieran como prioridad evitar el adelanto de los comicios, aunque no dejó de alertar a la CUP de que “si hay una parte que se mueve, nos tenemos que mover todos”.
Más allá de las tensiones, el calendario está claro: se abre ahora un período de dos meses para celebrar nuevos debates de investidura con la fecha límite del 9 de enero. En este plazo, se pueden convocar tantos plenos como sean posibles hasta que se elija a un presidente y Junts pel Sí podría presentar un nuevo candidato o incluso la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, podría pedir a otro grupo que presentara otro aspirante si viera una mayoría alternativa que le pudiera investir. Si entonces tampoco hay acuerdo, el Parlamento se disuelve automáticamente y se deberá volver a convocar elecciones para abril o mayo del 2016, opción que ninguno de los partidos independentistas parece contemplar.
Los tres grupos que conforman Junts pel Sí mostraron acuerdo en la necesidad de consolidar un gobierno lo más rápido posible e insistieron en ponerse a trabajar para cumplir la declaración de ruptura aprobada por el Parlamento catalán el lunes y suspendida este miércoles por el Tribunal Constitucional (TC). Aparece entonces la segunda gran incógnita: ¿en qué quedará el proceso soberanista tras la suspensión del TC? La decisión del Alto Tribunal de admitir a trámite el recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy paraliza la resolución independentista por un lapso de cinco meses, dentro del cual los magistrados resolverán si dictan sentencia en su contra o no, y advierte al presidente Artur Mas, a la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, y a otras 19 autoridades catalanas de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir si realizan cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.
Sin embargo, pocos minutos después de conocerse la decisión de los magistrados, la vicepresidenta del gobierno regional, Neus Munté, ya aseguraba que la Generalitat piensa hacer caso omiso de la misma y desplegar de todos modos la resolución independentista. Esta postura fue respaldada al día siguiente por Mas en su segundo debate de investidura, quien minimizó la suspensión del Constitucional: “Ya lo hicieron el 9N y las urnas se pusieron”, sentenció, aludiendo a la consulta popular que su gobierno convocó hace un año. Además, el presidente catalán acusó a Mariano Rajoy de “abusar del Alto Tribunal para hacer política” contra el proceso. “Nada nuevo en el horizonte, ya estamos acostumbrados”, afirmó Mas, y le reprochó al jefe del Ejecutivo español que recurra constantemente a la prerrogativa que le permite pedir al TC suspender cautelarmente cualquier norma contra la que el Gobierno presente recurso. Para Mas, el último recurso al TC es una nueva “señal del inmovilismo absoluto en el que está instalado el gobierno español ante la sociedad catalana”, cuando lo que haría “un gobierno de talante democrático” sería, a su juicio, “sentarse en una mesa, escuchar, negociar y llegar a acuerdos”.
Rajoy, por su parte, se muestra decidido a no dejarle pasar ni una al movimiento secesionista y, de inmediato, le respondió al presidente catalán que no mirará “para otro lado si se desobedeciera en Cataluña la decisión del Tribunal Constitucional” porque, sentenció, “estamos hablando del asunto más serio que tiene España en estos momentos”. Al término de la cumbre sobre inmigración celebrada en Malta, el primer mandatario español aseguró en rueda de prensa “sentirse arropado por la mayoría de partidos si tiene que dar algún paso en el futuro ante una hipotética desobediencia de la decisión del TC”, pero precisó que le gustaría no tener que tomar ninguna medida excepcional. Para eso, el presidente dijo que “lo ideal sería una rectificación” de los promotores de la resolución independentista y que su Ejecutivo no tuviera que poner en marcha “procedimientos excepcionales” como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que posibilita la suspensión de una autonomía y con cuya amenaza tanto se especula desde el Partido Popular.
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