El gobierno venezolano cerró el domingo la frontera con Colombia para impedir, según fuentes oficiales, que ciudadanos de ese país con documentos de identidad venezolanos no inscritos en el padrón electoral firmen para pedir un referéndum que recorte el mandato del presidente Hugo Chávez. El último de los cuatro días de recolección de las firmas exigidas terminó ayer sin incidentes graves, ni datos fiables sobre los resultados de la movilización opositora.
La clausura fronteriza fue anunciada por el vicepresidente, José Vicente Rangel, después de que los cuerpos de seguridad informaran de que numerosos colombianos con carnés venezolanos, aunque no inscritos en el Registro Electoral Permanente, entraban en el país por el Estado de Táchira, a 500 kilómetros al sur de Caracas, para participar en el firmazo. La situación era “delicada”, dijo Rangel. “Se trata de prevenir cualquier acto irresponsable, cualquier propósito desestabilizador.” Cerca de un millón de colombianos, la mayoría fugitivos del conflicto armado que padece su país desde hace cuatro decenios, viven en Venezuela.
El comandante de la Segunda División de Infantería, de la Guarnición Militar de San Cristóbal, general de división Carlos Enrique Acosta Pérez, manifestó que en los últimos días se había observado en los pasos de San Antonio del Táchira y Ureña “una afluencia masiva de personas a nuestro país, lo que podría indicar que se pudiese perturbar la paz interna”. Las dos naciones comparten una línea divisoria de 2200 kilómetros, intercambios comerciales superiores a los 2000 millones de dólares al año y frecuentes fricciones políticas, la mayoría relacionadas con las incursiones o estancias de guerrilleros o paramilitares colombianos en áreas venezolanas.
La oposición calificó de “ilegal e inconstitucional” la medida porque, en muchos casos, se trata de venezolanos que trabajan en la zona colombiana de Cúcuta o en poblaciones vecinas de Santander, que viajan a su país los fines de semana. Según el dirigente opositor Timoteo Zambrano, la afluencia ha sido “masiva”, mientras que para el oficialista Tarek William Saab, la oposición “tiene confirmada su derrota”.
El Consejo Nacional Electoral deberá determinar, a finales de diciembre o principios de enero, si suman los 2,4 millones requeridos: el 20 por ciento del padrón electoral. “Se cotejará firma por firma, huella dactilar por huella dactilar”, dijo ayer el ministro de Defensa, José Luis Prieto. La oposición denunció abusos de las Fuerzas Armadas en un número indeterminado de las 2658 mesas habilitadas bajo su custodia, y acoso e intimidación de grupos chavistas. “No queremos señalar que se trata de una campaña aviesa (contra los militares), pero en algunas actitudes se colocan muy cerca de ese extremo”, reaccionó Rangel. “Un gobierno distinto al de Chávez sería el caos”, vaticinó.
Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, “el sistema está funcionando bastante bien (...) Hay que calmarse, hay que serenarse. Son incidentes sin mayores consecuencias”.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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