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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano declaró ayer nulas las actuaciones del Legislativo dominado por la oposición a raíz de la juramentación de tres diputados impugnados por el oficialismo tras las elecciones del 6 de diciembre, informó la corte.
La Sala Electoral del TSJ consideró “nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación” de los parlamentarios de oposición cuestionados, señaló el fallo. La polémica involucra a los diputados Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana. La sentencia emitida por la Sala Electoral del TSJ ordenó la desincorporación de los tres legisladores de la región sureña de Amazonas, cuyas proclamaciones fueron impugnadas por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El TSJ, al que la oposición acusa de aliado del chavismo, declaró además “en desacato” a estos tres legisladores y a la junta directiva del Parlamento, integrada en su totalidad por la oposición. La decisión se produjo tras haber sido admitido por el tribunal un recurso presentado el pasado jueves por la bancada minoritaria chavista, que reclama que la juramentación e incorporación de los tres diputados al Parlamento es ilegal pues sus proclamaciones fueron suspendidas por otra sentencia del mismo TSJ, ratificada en el fallo de ayer.
“Si el Poder Legislativo está en desacato y se coloca al margen de la Constitución y del Poder Judicial, aquí lo que cabe es hacer caso omiso de las decisiones que tomen en este circo que han montado. Estamos ante un parlamento ilegal y por tanto sus decisiones son ilegales, nulas”, dijo el diputado chavista Pedro Carreño la semana pasada, al presentar el recurso.
Con la juramentación de los tres diputados opositores, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había reivindicado la mayoría calificada de dos tercios (112 de las 167 curules) que ganó en los comicios del 6 de diciembre. Al asumir la oposición el control de la Asamblea, la MUD planteó su agenda centrada en presentar en un plazo máximo de seis meses una vía legal para cambiar el Gobierno, liberar presos políticos y aprobar reformas económicas.
El oficialismo venezolano aseguró ayer que ningún poder público está obligado a reconocer al parlamento, tras la decisión judicial que anuló las decisiones de la mayoría opositora y declaró en desacato a sus directivas. “Nosotros los ciudadanos no estamos obligados, el resto de poderes no está obligado a reconocer a la Asamblea Nacional”, dijo a periodistas el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
Cabello señaló que “viene un vacío” parlamentario que debería ser subsanado por el TSJ, según él con facultades legislativas. “El Estado no se puede paralizar para nada. Aquí ha habido eventos donde la Asamblea ha entrado en omisión legislativa y se han subsanado esas omisiones por la vía de la Sala Constitucional del TSJ”, indicó el diputado y ex presidente de la cámara.
Cabello lanzó la hipótesis de que la MUD precipitó este choque de poderes para propagar la idea de que en Venezuela no hay espacio para la oposición. “¿Será esa la posición de quienes están al frente de la Asamblea Nacional, disolver la Asamblea para que se crea en el mundo que aquí no hay poderes, que están boicoteando la Asamblea?”, cuestionó.
El dirigente anunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro desistirá de presentar hoy un decreto de emergencia económica en el Parlamento –para enfrentar la grave crisis– si la mayoría opositora persiste en ignorar la decisión del TSJ que dejó en suspenso la posesión de los impugnados.
“Yo creo que este choque lo perdió el Legislativo hace rato, lo que vamos a hacer es tratar de recomponer las cosas. Ellos decidieron chocar a toda velocidad y llevarse por delante al poder judicial, al poder electoral”, sostuvo Cabello.
Por su parte, la oposición venezolana aseguró ayer que sus diputados seguirán legislando, pese a la decisión de la justicia. “Van a seguir legislando los 112 diputados, esa sentencia del TSJ es de imposible acatamiento. No hay manera de acatarla, los diputados estamos revestidos, protegidos por la Constitución”, declaró el segundo vicepresidente legislativo, el opositor Simón Calzadilla, al considerar que la decisión del máximo tribunal no es jurídica sino “política”. Esa mayoría le da amplios poderes para designar y destituir funcionarios de otros poderes públicos.
Ayer mismo, la oposición presentó un proyecto de ley para amnistiar a decenas de dirigentes opositores presos, lo cual promete aumentar la confrontación. El gobierno de Maduro advirtió de antemano que lo vetará.
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