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El tribunal que juzga el caso de corrupción en el que está imputada la infanta Cristina rechazó ayer aplicar una doctrina del Tribunal Supremo con la que la defensa pretendía que la hermana del rey Felipe VI evitara ser juzgada por cooperar con dos delitos de evasión fiscal cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarin.
De esta forma, Cristina de Borbón seguirá sentada en el banquillo de los acusados por la causa de la Fundación Nóos, cuyo juicio oral se retomará el 9 de febrero, de acuerdo con el calendario establecido por el tribunal de Palma de Mallorca a cargo del proceso. “Es de lamentar que se imponga a la infanta lo que en términos procesales se llama la pena de banquillo”, afirmó uno de sus abogados defensores, Miquel Roca, en declaraciones a la prensa en la puerta de sus oficinas de Barcelona. En opinión del letrado, la resolución de la Audiencia Provincial de Palma “se aparta de la literalidad de la ley y de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo” y “hace suyas las tesis de Manos Limpias”.
En la sentencia, el tribunal rechaza los argumentos de los abogados de la infanta, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, quienes en el inicio del juicio, el pasado 11 de enero, defendieron la aplicación de la “doctrina Botín” solicitando que se archivara la parte de la causa que afecta a la hermana del actual monarca. Según la interpretación que hacen las partes de la citada jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplicada en 2007 en beneficio del fallecido ex presidente del Banco Santander Emilio Botín, la acusación popular no puede abrir un juicio penal por delito fiscal si ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado, que en este caso representa al damnificado (Hacienda Pública), no realizan una acusación.
A la infanta Cristina solamente la acusa el sindicato Manos Limpias, que pide para ella ocho años de prisión por cooperar con dos delitos fiscales presuntamente cometidos por Urdangarin. De ahí que tanto Roca como el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, y la Abogada del Estado, Dolores Ripoll, hayan planteado la falta de legitimidad de Manos Limpias para ejercer la acción penal contra la hermana del rey.
Sin embargo, el tribunal dictaminó que no es así. Entre los argumentos esgrimidos, los jueces le dan la razón a la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, quien sostuvo que existía una diferencia clara con el caso del banquero Botín y es que éste último era el único acusado y el Ministerio fiscal y la Abogacía del Estado solicitaban el archivo “libre” de la causa en su totalidad.
En cambio, respecto a los delitos que se le atribuyen a la infanta existe otro acusado, Urdangarin, y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado consideran que la evasión se cometió y, además, que Cristina de Borbón se beneficio, por lo tanto reclaman su responsabilidad civil, explicó la letrada. Lo mismo recuerda el tribunal al afirmar que el Ministerio Público y la Abogacía del Estado pretenden que la responsabilidad de la hermana del monarca quede enmarcada a su mera participación a “título lucrativo” de los delitos fiscales de los que acusan a Urdangarin, según la sentencia.
En ese sentido, los magistrados destacan que, por la naturaleza del delito analizado, “la acusación popular puede desplegar su función más genuina cuando se trata de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual”. Cristina de Borbón se convirtió en la primera integrante de la Corona española en tener que responder ante la justicia por delitos de evasión que se derivan de un escándalo de corrupción que estalló en plena crisis económica cuando España duras medidas de ajuste y provocó una gran indignación en la sociedad española.
En el caso de la Fundación Nóos están imputadas un total de 18 personas involucradas en el desvío de más de 6 millones de euros de las arcas públicas a través de una trama urdida por Urdangarin y su ex socio, Diego Torres, quienes utilizaron las conexiones políticas de la realeza para adjudicarse negocios con gobierno que estaban en manos del Partido Popular (PP) sin que mediara contrato alguno.
Urdangarin, considerado el cerebro de la trama, afronta un pedido de 19 años y medio de prisión por delitos de prevaricato, fraude, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. Por su parte, Diego Torres, enfrenta una solicitud de 16 años y medio de cárcel.
De acuerdo con el juez instructor, al menos un millón de euros que fueron obtenidos por la Fundación Nóos de forma ilícita fueron a parar a la empresa Aizzon, una “sociedad pantalla” ideada por la trama, de la que Cristina de Borbón y Urdangarin comparten al 50 por ciento y que éste último utilizaba para defraudar a la Hacienda. El magistrado sostiene que la hija del rey Juan Carlos I incluso cargó a las cuentas de Aizzon gastos personales para desgravar impuestos.
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