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Desde Río de Janeiro
Febrero trae de regreso las actividades tanto del Congreso como del Supremo Tribunal Federal en Brasil, luego del receso iniciado el 23 de diciembre. Acorde al protocolo, a la sesión inaugural del Supremo Tribunal Federal, que ocurrirá mañana, 2, serán invitados los presidentes de los otros dos poderes, o sea, del Ejecutivo, Dilma Rousseff, y del Legislativo, respectivamente, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Este año, si se respeta el protocolo, el país asistirá a una escena insólita: ver, en el solemne Supremo Tribunal Federal, a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara, quien está bajo investigación de aquella Corte, que inclusive examina un pedido de la Fiscalía General de la Unión para que él pierda su escaño parlamentario. También verá a Renan Calheiros, presidente del Senado, denunciado en la misma Corte en seis investigaciones. Y, por si fuera poco, a la misma Rousseff, contra quien Cunha quiere abrir un juicio en la Cámara de Diputados con el objetivo de decretar su destitución, utilizando, para alcanzar ese objetivo, métodos que el mismo Supremo Tribunal consideró irregulares.
Esa posibilidad es nada más que una muestra –bastante ilustrativa, por cierto– del escenario que se descortina a partir de ahora.
A lo largo del largo receso parlamentario se conspiró con redoblado vigor en Brasilia. El gobierno, buscando reagrupar una alianza que se mostró, cada día de 2015, absolutamente frágil, descontrolada y que no merece confianza alguna. La oposición, buscando la manera de avanzar con el golpe institucional en el Parlamento y, al mismo tiempo, estudiando alternativas donde concentrar esfuerzos.
En medio al torbellino conspiratorio, flotó la figura de Eduardo Cunha, intentando una estrategia capaz de mantenerlo como presidente de la Cámara con fuerza suficiente para seguir dedicando cada minuto del día a tumbar a la presidenta Dilma Rousseff.
A partir de ahora se verá quién será más eficaz en sus respectivos esfuerzos. Al gobierno le toca, además, la difícil tarea de reactivar una economía que se encuentra en gravísima crisis, reconquistar la confianza del empresariado y alguna esperanza de la opinión pública.
Ninguna de las tareas es fácil para ninguno de los protagonistas de la confusa trama. Para la oposición derrotada en las urnas, el cuadro para que triunfe el golpe institucional se hizo más difícil a partir de la decisión del Supremo Tribunal Federal que anuló la maniobra de Cunha en la Cámara de Diputados y determinó que todo el proceso de juicio para destituir a Rousseff vuelva al marco cero.
Cunha sigue controlando, es verdad, parte sustancial –se calcula entre 120 y 150 diputados– del total de 513 integrantes de la Cámara. Pero las abundantes pruebas de corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal que pesan contra su figura sirvieron para desacreditarlo junto a la opinión pública.
Para el PSDB, partido del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, respaldar la maniobra golpista de Cunha implica un desgaste significativo, principalmente frente a la elevada posibilidad de que la maniobra al fin y al cabo no logre el número suficiente de adhesiones para destituir a la mandataria.
Frente a ese cuadro, el partido, comandado por el senador Aécio Neves, derrotado por Dilma en 2014, decidió volcar sus esfuerzos hacia otro ámbito, en el Tribunal Superior Electoral (TSE), donde interpuso una acción cuyo objetivo es suspender los mandatos de la presidenta y su vice, Michel Temer, por “abuso económico” y haber recibido dinero ilegal en su campaña victoriosa. En tal caso, nuevas elecciones serán convocadas en 90 días.
El gobierno, por su vez, se ve presionado de manera creciente por la llamada Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en la Petrobras. Tanto la Policía Federal como el Ministerio Público, y muy especialmente el juez Sergio Moro, que conduce el proceso, dejaron a un lado cualquier pudor y se dedican claramente a alcanzar lo que desde siempre pareció ser su objetivo principal: destrozar al PT en general y, muy particularmente, su máxima figura histórica, el ex presidente Lula da Silva.
Con base en argumentos frágiles y dudosos, Lula da Silva y su mujer pasaron a ser investigados por “ocultamiento de patrimonio”. Presionar a Lula es presionar directamente al PT y, en consecuencia, al gobierno.
Si amparada por Lula, mayor referente de la política brasileña, Dilma Rousseff hace un gobierno frágil y confuso, con Lula amenazado de ser llevado a la guillotina política esa situación alcanza niveles gravísimos.
Es como si 2016 estuviese empezando ahora. Y de manera altamente electrizante: la temporada promete altas emociones.
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