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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró ayer su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el ex mandatario fuera trasladado por la fuerza a declarar, y responsabilizó a la oposición por agravar la crisis política. “Lula nunca creyó ser más que nadie. No tiene el menor sentido conducir a Lula por la fuerza”, afirmó Rousseff durante un discurso pronunciado en la ciudad Caxias do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul. Como parte de la ofensiva político judicial contra el ex mandatario petista, la fiscalía analiza una acción que podría impedirle al a Lula ser candidato en los comicios de 2018, si se comprueba que mintió al negar la propiedad de varios inmuebles. Por su parte, el presidente de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, anunció el respaldo de esa entidad y de otras organizaciones empresariales a las manifestaciones previstas para el próximo domingo en todo Brasil contra el Gobierno de la presidenta Rousseff.
El juez Sergio Moro, responsable de la Operación Lava Jato –que investiga la corrupción en Petrobras– fue quien ordenó la acción coercitiva contra Lula para interrogarlo. Lo hizo en base a denuncias hechas por los fiscales que actúan en esta trama que ya excedió el marco judicial para convertirse en una herramienta política de desestabilización del gobierno. Varios magistrados de la Corte coincidieron ayer con lo dicho por el juez Marco Aurélio Mello, quien cuestionó la acción policial ya que el ex mandatario acudió a declarar cada vez que fue citado. “¿Conducción coercitiva? Yo no lo comprendí”, afirmó Mello el sábado, y enfatizó: “No se avanza atropellando reglas básicas”.
Mello dijo respetar la tarea del juez Moro pero recordó que cuando los magistrados cometen excesos eso quita legitimidad a las causas que llevan adelante. En esa línea, Rousseff, que el sábado visitó a Lula en su casa para darle apoyo, afirmó ayer que no es posible aceptar que se dé ese trato a un ex mandatario pues “jamás se recusó a declarar” ante la Policía Federal y el Ministerio Público Federal. La presidenta responsabilizó a la oposición de agravar la crisis política con el fin de obligarla a dejar anticipadamente el gobierno, que concluye el 31 de diciembre de 2018. Rousseff opinó que los problemas políticos y económicos que enfrenta Brasil son provocados por los que están inconformes con la derrota sufrida en las elecciones de 2014 y ahora quieren anticipar las elecciones de 2018.
“El gobierno siempre quiere la unidad del país y la oposición tiene derecho a divergir, pero no puede estar sistemáticamente dividiendo al país, porque eso también causa problemas en la economía y en el crecimiento de las empresas”, dijo la jefa de Estado. Además, reiteró sus críticas a las “filtraciones ilegales”, en referencia a documentos secretos de la Justicia obtenidos por la prensa.
En opinión de Rousseff, muchas veces las acusaciones filtradas no son verdaderas, pero “el impacto de lanzar barro a los otros ya ocurrió” y permanece. En este marco, la Fiscalía que analiza lo que Lula declaró el viernes, dejó trascender que evalúa abrir en su contra una acción civil que le impida ser candidato en los comicios de 2018. Los fiscales que fueron muy criticados por la forma en que condujeron el procedimiento ahora hicieron saber que Lula “podría ser imputado por improbidad administrativa” por haber recibido apoyo económico ilegal de empresas constructoras antes de dejar el gobierno en 2010, publicó la agencia Folhapress.
Hasta ahora, todas las acusaciones que ha realizado este equipo de fiscales que trabaja con el juez Moro fueron publicadas primero por las grandes corporaciones mediáticas y todas fueron respondidas por el mismo Lula que ha repetido que no tiene nada que ocultar. El coordinador del cuerpo de fiscales, Carlos Fernando dos Santos Lima, insistió ayer con que existen indicios sobre la relación de Lula con la organización delictiva que perpetró estafas millonarias contra Petrobras, pero no mostró nada. También habló sobre la supuesta titularidad de Lula de un departamento en la playa Guaruyá, la más popular y modesta de Brasil y de una quinta, que Lula ya ha dicho y demostrado que pertenece a un viejo amigo. Los fiscales dicen que esos bienes se los regaló a Lula una empresa constructora favorecida por contratos supermillonarios con Petrobras.
Esta acusación, que Lula ha rechazado con documentación y testigos, es usada en forma permanente por los fiscales y los medios y las agencias internacionales. Por eso ahora, los fiscales afirman que si se comprobara que lo dicho por Lula es una mentira, la pena podría ser la cesación de los derechos políticos, incluso el de ser candidato, por hasta 10 años. La semana pasada, cuando concluyó su declaración ante la Justicia, Lula anunció su intención de ser candidato presidencial por sexta vez en los comicios de octubre de 2018.
Como un dato que agrava la crisis política, la poderosa Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo anunció que apoyará las marchas contra Rousseff. “Consideramos, por unanimidad, que este Gobierno perdió la credibilidad y la confianza y que eso está provocando el deterioro de la economía. Por eso consideramos importante participar, pacífica y respetuosamente, en la jornada del 13 de marzo”, afirmó Paulo Skaf, titular de la Fiesp. El presidente de la considerada principal y más influyente patronal del país agregó que personalmente asistirá a la protesta prevista en San Pablo, la mayor ciudad de Brasil.
El anunció de Skaf tuvo lugar tras un encuentro con líderes gremiales y con representantes del “Movimiento Brasil Libre” y “Ven a la Calle”, dos de las organizaciones no gubernamentales que convocaron a marchar en las redes sociales. Estas organizaciones piden la renuncia de la jefe de Estado y apoyan el juicio político que la oposición intenta impulsar en el Congreso para remover a Rousseff. Según Skaf, la renuncia o la destitución de la mandataria permitirá retomar el crecimiento y aumentará la confianza de los inversores en el país.
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