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La Fiscalía de Colombia pidió a la Corte Constitucional que frene el proyecto de ley que avala la realización de un plebiscito para refrendar el eventual acuerdo de paz que se logre en Cuba con las FARC, informaron ayer fuentes oficiales.
El ente judicial confirmó en un comunicado que el fiscal general, Eduardo Montealegre, hizo recientemente la solicitud formal a la Corte para que declare que la consulta no se puede realizar, tras considerar que la paz no puede depender de la participación popular. En el texto, Montealegre enumeró cinco argumentos que sustentan su petición y que se basan en que “el gobierno tiene la obligación constitucional de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho a la paz”.
“Si bien la participación popular es un elemento valioso en una democracia, esto no puede implicar que las facultades del presidente Juan Manuel Santos para alcanzar la paz tengan que estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía”, detalló. Para el fiscal, “el desarrollo constitucional y legal del acuerdo final para la terminación del conflicto debe desarrollarse en el marco de las facultades constitucionales del gobierno, el Congreso, la rama judicial, los organismos de control y las entidades públicas”.
Asimismo, el jefe de organismo insistió en que “el plebiscito no puede ser vinculante para la aprobación del acuerdo final, ni para su desarrollo”.
“El presidente tiene plenas facultades constitucionales para adelantar y llevar a buen término un proceso de paz” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agregó Montealegre, quien fue apoyado por el contralor general, Edgardo Maya.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a las peticiones del fiscal y el contralor y afirmó que “el único camino posible para refrendar los acuerdos es el plebiscito” y dijo que el gobierno está “convencido de que el proyecto fue tramitado de acuerdo con la Constitución”.
“El presidente Santos se ha comprometido a convocar a los colombianos a votar por el si o por el no al contenido de los acuerdos de paz. Seguimos confiando en que la Corte avale el proyecto y se pueda convocar a los colombianos a votar frente a esa posibilidad de la paz”, sostuvo. Cristo expresó que “el gobierno respeta pero no comparte la tesis de que la refrendación no es necesaria”.
El proyecto de ley que está bajo la revisión de la Corte Constitucional fue aprobado por el Congreso en diciembre del año pasado. La iniciativa propuesta por el gobierno de Santos busca que los ciudadanos aprueben o no lo acordado con las FARC al término de las negociaciones que se celebran en Cuba desde noviembre de 2012.
De acuerdo con lo aprobado, el mínimo de votos por el sí o por el no debe ser un 13 por ciento del total de los votantes, es decir, que para ser aprobado el eventual acuerdo final deberán votar a favor al menos 4,4 millones de colombianos y superar el número de votos en contra.
El jefe negociador del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle, reaccionó ante la propuesta del fiscal al tuitear que “el plebiscito es un gesto enormemente democrático”. El gobierno y las FARC negocian la paz desde noviembre de 2012 para acabar con medio siglo de conflicto. Están ahora discutiendo el último punto de la agenda sobre implementación, verificación y refrendación del acuerdo final.
Según una encuesta, realizada por la firma Ipsos-Napoleón Franco y publicada ayer por medios locales, 83 por ciento de los consultados piensa que una eventual firma de la paz debe ser refrendada por los colombianos a través de un “voto popular”.
Por su parte, las FARC, que deberán estar de acuerdo con el plebiscito para una posible refrendación, han rechazado el método democrático y en cambio han insistido en la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente, que según la guerrilla “ofrezca seguridad jurídica y personal” a sus miembros y a todos los actores de la guerra interna. Esto ha sido descartada por el mandatario colombiano.
El 8 de febrero, Santos afirmó que lo que se acuerde en La Habana se someterá a plebiscito “les guste o no a las FARC”. Según la hoja de ruta de la negociación entre el gobierno y las FARC, el mecanismo de refrendación del pacto definitivo debe ser acordado entre las partes.
El jefe del Estado colombiano ha dicho que en el caso en que los ciudadanos se inclinen por el no “eso será acatado y la guerra seguirá durante 20 o 30 años más”.
El gobierno y las FARC han logrado preacuerdos en tres de los cinco puntos pactados en la agenda y avances históricos en temas como el desminado, justicia transicional y búsqueda de desaparecidos. Los ítems pendientes referentes al reconocimiento y reparación de las víctimas y el fin del conflicto siguen bajo discusión.
En septiembre pasado, Santos y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, establecieron como fecha límite para firmar un acuerdo final el 23 de marzo de 2016. No obstante, las partes han considerado que la fecha podría extenderse algunas semanas.
El conflicto armado colombiano, quien involucra desde hace décadas a guerrillas de extrema izquierda, paramilitares de extrema derecha y fuerzas militares, ya dejó más de 260.000 muertos, 6,6 millones de desplazados y 45.000 desaparecidos.
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