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Desde Río de Janeiro
El gobierno del estado de Rio de Janeiro decretó hace dos días “estado de calamidad pública”, a raíz de la profunda crisis económica que enfrenta desde principios de año. El decreto menciona la imposibilidad de “honrar compromisos asumidos para la realización de los Juegos Olímpicos”, que serán inaugurados dentro de 46 días.
El presidente interino, Michel Temer, se dispuso a ayudar. De inmediato, anunció un aporte, en régimen de urgencia, de dos mil 900 millones de reales (unos 830 millones de dólares). Será el primero de una serie, con el objetivo no solo de asegurar la realización de los Juegos Olímpicos, como impedir un colapso total.
Es la primera vez en la historia que un gobierno estadual decreta el “estado de calamidad pública” por razones financieras. La insólita medida fue adoptada cuando la mirada internacional está dirigida principalmente a la ciudad de Rio de Janeiro, quizá la más conocida tarjeta postal de Brasil, justo en vísperas de la realización de los Juegos Olímpicos.
El alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, aclaró que su gestión dispone de recursos para honrar su parte en los compromisos asumidos. El problema es el estado, en virtual quiebra. El mismo decreto autoriza que los responsables por cada sector del gobierno estadual adopten ‘medidas excepcionales’, sin detallar cuáles podrán ser.
La verdad es que la iniciativa era previsible. El segundo estado económicamente más fuerte del país que tiene la mayor economía de América latina ya había adoptado una secuencia de medidas indicando claramente la escasez extrema de recursos. El déficit previsto para 2016 ronda la casa de los 19 mil millones de reales (alrededor de cinco mil 600 millones de dólares). Desde marzo los sueldos de funcionarios, bien como las jubilaciones y pensiones, sufren seguidas demoras. Los hospitales públicos y las escuelas se encuentran en situación de abandono, al borde de un colapso de dimensiones gravísimas.
La raíz más visible de la crisis inédita enfrentada por Rio de Janeiro está en la caída abrupta de recaudación de impuestos estaduales, gracias a la crisis que sacude al país, agravada por la merma contundente en los royalties referentes al petróleo producido en su jurisdicción, cuyo precio cayó en picada desde el año pasado. Hace al menos cuatro meses que el gobierno estadual enfrenta crecientes dificultades en la prestación de servicios públicos en las áreas de salud, educación, movilidad y gestión ambiental. También la seguridad está amenazada: faltan recursos para mantener las rondas policiales y para adquirir combustible para los patrulleros. Los índices de criminalidad crecieron desde febrero, cuando la crisis surgió en su asustador esplendor. Tan pronto se conoció la medida el secretario de Hacienda, Julio Bueno, hizo un comentario contundente: ‘Si en vez de un estado fuese una empresa, lo que estamos haciendo sería pedir judicialmente una suspensión de pagos, para impedir que se decrete la quiebra irreversible’.
Rio de Janeiro no es el único de los 27 estados brasileños a enfrentar dificultades. Una de las razones para esa crisis generalizada está en el porcentual de la recaudación que es destinado al pago del funcionalismo público. Si otros estados adoptan medida similar a la de Rio, las consecuencias serán imprevisibles. Analistas políticos y económicos, por su vez, creen que son muy escasas las posibilidades de que la iniciativa se reproduzca en otros lados.
Juristas y especialistas en gestión pública cuestionan, con más o menos vehemencia, la constitucionalidad de la medida. Los Juegos Olímpicos son un evento privado, argumentan, y no es admisible que la administración pública anuncie que para apoyar su realización se sacrifiquen obligaciones establecidas por ley.
Otros analistas dicen que, en realidad, el decreto es una manera de presionar, a base de cuchillo en el cuello, al gobierno interino de Temer a abrir la chequera y liberar recursos.
Brasilia venía estudiando, desde mayo, la posibilidad de conceder préstamos de urgencia a los gobiernos de Rio, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, cuyas crisis fiscales son más agudas. El argumento utilizado –no disponer de recursos necesarios para realizar los Juegos Olímpicos– sería, en este caso, una jugada magistral para no esperar que Brasilia impusiese condiciones para liberar los préstamos que están bajo estudio.
A tiempo: decretar “estado de calamidad” suele ocurrir cuando se enfrenta catástrofes naturales, como los aluviones e inundaciones, y permite que se determine el destino de recursos en carácter excepcional. Permite, además, que el gobernador o alcalde determine corte en los sueldos, dimisión de funcionarios, suspensión de servicios obligatorios y otras iniciativas obligatorias por ley.
Pero esta vez, el huracán y la tempestad no se formaron en los aires, sino –y muy concretamente– en errores de gestión. La cuenta recaerá sobre todos los brasileños. Pero los dueños del meganegocio llamado Juegos Olímpicos podrán respirar tranquilos, o casi.
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