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Desde Brasilia
Nada de golpe “blando”. Con el correr de los días quedó demostrado que la destitución de Dilma Rousseff derivó en un régimen, de apariencia institucional y naturaleza despótica, que “criminalizó” al PT, obstruyó los viajes de la presidenta y espió a Luiz Inácio Lula da Silva.
Aliados del mandatario interino Michel Temer ya deslizaron que será invocada la Ley Antiterrorista contra quienes participen en las probables protestas y bloqueos de rutas durante los Juegos Olímpicos de agosto.
“Este gobierno es una regresión, Temer es un perfecto retroceso con su equipo de ministros conservadores, con claras convicciones reaccionarias, que no tiene ningún respeto por los derechos humanos y la moral pública” declaró Luiz Claudio Cunha, un reconocido experto en derechos humanos que integró la Comisión de la Verdad sobre la dictadura.
La semana pasada policías con armas pesadas y uniformes camuflados irrumpieron en el comité del PT en San Pablo con el objetivo de suscitar un espectáculo “mediático para criminalizar al partido”, denunció el titular de la agrupación Rui Falcao. Simultáneamente era arrestado el ex ministro petista Paulo Bernardo acusado de corrupción. El doctor en Ciencias Políticas Robson Savio Reis Souza escribió que semejante despliegue de fuerzas revelan “una cacería de brujas al mejor estilo de Torquemada” cuyo propósito es intimidar al partido de Dilma y Lula.
Después de ese allanamiento, Temer dijo a dos medios oficialistas (como lo son prácticamente todos) que la razzia a la principal fuerza opositora era algo propio del “orden” constitucional y no cabía ninguna crítica.
Previamente había ordenado que Dilma fuera privada parcialmente del uso de aviones de la Fuerza Aérea a pesar de que tiene derecho a éstos en su carácter de presidenta (ver recuadro), que sigue siéndolo mientras se sustancia el impeachment en el Senado que esta semana vuelve a sesionar.
La restricción de los vuelos así como una orden judicial que prohibió la entrega de fondos estatales al PT, recursos que siguen recibiendo todos los partidos envueltos en el golpe, limitan objetivamente los derechos políticos de Dilma, quien pese a ello viajó a varios estados donde encabezó actos bastante concurridos.
“Está demostrado que la inteligencia y la buena fe no parecen ser buenos consejeros de Michel Temer a la hora de montar este gobierno de derecha donde se han tomado medidas preocupantes como la que le quitó el estatus de ministerio que tenía hasta el mes pasado la Secretaría de Derechos Humanos”, sostiene en esta entrevista Luiz Claudio Cunha.
Autor del libro mejor documentado y más agudo sobre el Plan Cóndor en Brasil, Cunha cuestiona que una de las primeras medidas adoptadas por la nueva administración haya sido “resucitar” el Gabinete de Seguridad Institucional.
El mal llamado “golpe blando” puso en vigor una democracia nominal que, según parece, restauró el espionaje político como en épocas del Servicio Nacional de Informaciones, creado a medidados de 1964 poco después de la destitución del presidente Joao Goulart, señala Cunha.
El diario Folha de S.Paulo informó que Lula fue monitoreado durante sus reuniones con el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo.
“Me parece inevitable que en este gobierno haya espionaje político, es algo coherente con su concepción”.
“También hay informaciones que nos indican que la Agencia Brasileña de Informaciones, subordinada al Gabinete de Seguridad Institucional, tiene la misión de investigar a los movimientos sociales principalmente a los campesinos sin tierra, una organización que al igual que otras agrupaciones sociales urbanas, tuvieron plena libertad de acción durante los gobiernos del PT, incluso porque estas organizaciones fueron importantes polos de apoyo a los gobiernos de Lula y Dilma”.
–Parecen demasiadas violaciones al orden democrático.
–Ha pasado poco más de un mes desde que este gobierno comenzó (el 12 de mayo) y ya se reveló como uno de los más desastrosos comienzos de una administración de la historia brasileña. Temer no designó a ninguna mujer para integrar su ministerio en un país habitado nada menos que por 103 millones de mujeres, que son el 51,4 por ciento de la toda la población. No contento con esa omisión escandalosa después rebajó la jerarquía de la Secretaría de las Mujeres al frente de la cual designó a una creyente evangélica que es contraria al derecho al aborto en casos de estupro, lo que quiere decir que la funcionaria está en contra de lo que dice la ley sobre este tema. Mientras demostraba su desprecio por los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general Temer designó como jefe del Gabinete de Seguridad al general Sergio Etchegoyen, un hombre con fuertes lazos con la línea dura de la dictadura.
–¿Qué tipo de lazos?
– Sergio Etchegoyen es un general de cuatro estrellas cuyo padre, Leo Etchegoyen, está incluido en la lista de 377 agentes del Estado responsables por crímenes durante la dictadura indicados en el informe presentado por la Comisión Nacional de la Verdad, la cual no actuó por venganza como dicen algunos sino para esclarecer la violencia militar y la verdad histórica. Si el padre del general integraba el aparato del Estado que mató y torturó, esto quiere decir que fue uno de los militares que escogió el lado errado de la historia, el lado del golpe militar.
En 1979 el general Leo Etchegoyen era jefe del Estado Mayor del II Cuerpo de Ejército y por lo tanto responsable del centro de torturas donde actuó el coronel Brihante Ustra, el torturador que fue reivindicado por el diputado Jair Bolsonaro en abril de este año cuando dio su polémico voto por la apertura del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff.
–¿El general criticó a la Comisión?
– Así es. En diciembre de 2014, luego de la presentación del documento final de la Comisión de la Verdad el nuevo titular del Gabinete de Seguridad , Sergio Etchegoyen, fue el único general en actividad que confrontó públicamente con la Comisión. Y a pesar de tener como antecedente atacar el valioso trabajo realizado por la Comisión, o tal vez como una forma de premiarlo por tener ese antecedente, Temer nombró a Etchegoyen como uno de los personajes notables del nuevo gobierno asignándole un cargo que tiene una oficina dentro del Palacio del Planalto.
–¿Qué posición adoptó Dilma cuando se cuestionó a la Comisión en 2014?
–Dilma tuvo el mérito de instalar la Comisión de la Verdad, pero también el demérito de no defenderla contra el persistente sabotaje que sufrió por parte de los mandos militares, que a lo largo de su gobierno fueron hostiles a las investigaciones. En su condición de ex guerrillera, de presa política, de torturada y de sobreviviente de la dictadura ella no tendría que haber sido omisa como lo fue en esa pelea que hubo entre la Comisión y las Fuerzas Armadas. Lamentablemente hay que reconocer que Brasil ha avanzado poco en materia de derechos humanos.
Mientras los países más importantes de la región instalaron comisiones para averiguar la verdad el mismo año en el que caían sus dictaduras, en este Brasil de la eterna conciliación hubo que esperar 27 largos años, de 1985 a 2012, para la creación de la Comisión de la Verdad durante el primer gobierno de Rousseff.
Lo cinco primeros presidentes civiles posteriores a la dictadura –José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva– lamentablemente fueron indiferentes frente al tema.
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