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Agentes de la Policía Federal y del Ejército Mexicano detuvieron en la ciudad de Cuernavaca, estado central de Morelos, a un hombre presuntamente vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014, informó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
En un boletín, la Comisión indicó que el sospechoso está identificado como responsable de un grupo delictivo con presencia en Iguala, estado de Guerrero, integrado por varios hermanos detenidos en los meses de mayo, junio y diciembre de 2015. Refirió que en seguimiento a labores de inteligencia e investigación se supo del paradero del hombre en un hospital de Cuernavaca, donde se implementó un operativo en que se lo detuvo sin realizar un solo disparo.
El sospechoso, de 37 años, tiene dos órdenes de aprehensión libradas por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud (narcotráfico), y por el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guerrero por delincuencia organizada. Fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), añadió la CNS.
Medios locales afirman que se trata de Víctor Hugo Benítez Palacios, líder del grupo criminal de Los Tilos, señalado por el gobierno federal de haber iniciado la violencia contra los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. De tratarse de Benítez, se estaría desarticulando al grupo de los Tilos, afiliado a Guerreros Unidos y conformado también por cinco hermanos suyos ahora presos: Osiel, Mateo, Salvador, Reynaldo y Orbelín.
Los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado sureño Guerrero, desaparecieron en la noche del 26 de septiembre de 2014, en un ataque de policías municipales de la vecina Iguala que también dejó seis muertos y 25 heridos. Según diversos testimonios, los 43 chicos fueron entregados por policías de Iguala a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e hicieron desaparecer sus cuerpos. Sin embargo, los restos de dos de ellos fueron identificados mediante exámenes genéticos en la Universidad de Innsbruck, Austria. El gobierno de México sostuvo durante un año la hipótesis de que los jóvenes fueron trasladados a Cocula, ciudad cercana a Iguala, donde los asesinaron y quemaron sus cuerpos en el basurero municipal. Este relato fue descalificado en los más duros términos por los familiares de los chicos, integrantes de investigaciones independientes que actuaron en el caso y varios organismos de derechos humanos, como el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al coincidir en que hubo graves irregularidades de procedimiento de parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La CIDH aseguró que no encontró evidencia de un incendio de la magnitud del que se hubiera precisado para calcinar los restos de los 43 muchachos. Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.
Miles de personas marcharon el domingo en la Ciudad de México para recordar los 21 meses de la desaparición de los estudiantes, en un acto marcado por el apoyo de la CNTE, el sindicato de maestros contrario al Gobierno. “La exigencia es la misma de hace 21 meses. La presentación con vida de los jóvenes y el castigo de quienes cometieron este crimen en Iguala”, dijo el vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz. De la Cruz explicó que en este momento están en espera de que la CIDH aporte el mecanismo especial de seguimiento al caso, que se retrasó por la crisis financiera que atraviesa el organismo. “No tenemos fecha todavía”, remarcó luego de criticar al Gobierno mexicano por seguir aferrados en que la verdad no se sepa y estar protegiendo a los culpables. Este mismo punto de vista lo sostuvo Lorenzo Francisco, padre del estudiante desaparecido Luis Ángel Francisco: “El Gobierno no atiende, y no quiere llevar el caso”, dijo este padre.
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