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Solo unos días separan el vigésimo segundo aniversario del atentado a la AMIA del primer año que se cumple desde que el Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al debate sobre las responsabilidades judiciales, políticas, comunitarias y policiales en el encubrimiento de presuntos responsables de aquel estallido que mató a 85 personas en 1994. Llegando al promedio del juicio se acumularon poco más de medio centenar de testimonios en otras tantas audiencias y en función de lo acontecido los familiares se reparten entre el pesimismo y la esperanza de que “finalmente los que mintieron, paguen”. “A pesar de la lentitud, a pesar de los ‘no me acuerdo’, lo que queda expuesto audiencia tras audiencia es tan bochornoso que los acusados no tienen escapatoria y el encubrimiento que llevaron a cabo no deja de salir a la luz”, evaluó Diana Malamud, integrante de la querellante Memoria Activa. En cambio, para Laura Ginsberg, integrante de la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), la “condición de que este juicio se desarrolle bajo el secreto de Estado no permitirá que se dilucide absolutamente nada de lo que está analizando”, con lo cual, sus expectativas de que los acusados reciban condenas es nula. “Ojalá me equivoque, pero creo que nadie va a ir preso”, sostuvo.
El 6 de agosto de 2015, el tribunal integrado por Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilla inició uno de los juicios más esperados desde la voladura de la AMIA, el 18 de julio de 1994: el que se dispuso a analizar el encubrimiento de ese hecho criminal, luego de que otro tribunal, una década atrás, declarara nula la investigación judicial que había puesto la lupa sobre un grupo de policías bonaerenses como los responsables de la “conexión local” con los terroristas que habían atentado contra la mutual judía. Los acusados son 13: el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia –quienes participaron de la instrucción que culminó con la pandilla bonaerense como “conexión local” terrorista–, el ex titular de la ex SIDE Hugo Anzorreguy, los ex agentes Patricio Finnen y Juan Carlos Anchezar, los ex comisarios Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, Carlos Telleldín, su ex mujer Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale. Son dos hipótesis las que se desarrollan: el desvío de la investigación del atentado lejos de la llamada “pista siria”, que no sólo conectaba con el comerciante de origen sirio Alberto Kanoore Edul, sino con el entonces agregado cultural de la embajada iraní Moshen Rabbani, y el pago de 400 mil dólares al desarmador de autos Carlos Tellendín para que implicara a los policías bonaerenses.
El proceso oral avanza signado por la lentitud y la desmemoria. “Se citan dos testigos o tres por audiencia y los testimonios son cortos porque la mayoría sufre de amnesia, la frase más escuchada es ‘no me acuerdo’”, explicó Malamud. Desde Memoria Activa, destacó como puntos sobresalientes del juicio oral por el encubrimiento la posibilidad que tuvieron, por primera vez, los familiares de las víctimas del atentado de “contar de manera fuerte y contundente el destrato de la justicia y la indiferencia de las organizaciones comunitarias AMIA y DAIA” hacia ellos y los testimonios de los agentes de inteligencia de primera línea que participaron de la investigación del atentado en aquellos primeros años. “Pudimos explicar cómo íbamos viendo cómo se armaba el encubrimiento, que no fue casual sino pensado. Todo esto pudimos sacar a la luz”, remarcó Malamud.
“Más allá de lo que recordaban o habían olvidado”, los testimonios de los agentes de la ex SIDE –que sucedieron en audiencias cerradas al público– “revelaron los huecos procedimentales que hubo en la labor de la secretaría que no tienen que ver con ineptitud o desidia, sino con una intención de perder cosas, de descontrolar la situación”, sostuvo la viuda del arquitecto Andrés Malamud, víctima del atentado. Mañana, a las 9.30 en la Plaza Lavalle, la organización desarrollará su homenaje a él y al resto de las personas que fallecieron producto de la explosión.
Los familiares nucleados en Apemia, otra de las organizaciones querellantes en la causa, se paran en el secreto “que mantiene el Tribunal y que mantiene este gobierno –el de Mauricio Macri– como los anteriores” para considerar que “este juicio será una frustración mayor que el anterior”. “Este juicio debiera sustanciarse con los archivos de Inteligencia abiertos y no lo están; los agentes declararon pero no los pudo escuchar la sociedad. Hay una fuerte decisión política de que este juicio termine sin condenas”, evaluó Ginsberg. La organización a la que pertenece “no tiene esperanza en el Estado” a la hora de visualizar justicia para las víctimas del atentado y sus familiares. “La resolución de este crimen no está en manos del Estado, aún menos cuando es responsable por encubridor y por actor criminal” del hecho. Por eso, Apemia insistirá en que el Congreso convoque a una comisión investigadora que, con amplia participación de la sociedad civil y de los familiares de los muertos tras la explosión, tome el esclarecimiento del hecho en sus manos. “Pasaron 22 años, ¿qué más vamos a esperar?”, se preguntó Ginsberg. A modo de homenaje, Apemia organizará mañana a las 18.30 una mesa debate sobre “terrorismo de Estado y archivos secretos: el atentado a la AMIA”, de la que participarán Juan Tokatlian, el fiscal Federico Delgado y el ex diputado Claudio Lozano en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Allí, anunciarán la nueva presentación del proyecto de ley que pide por esa comisión, que fue presentado hace dos años y que perdió estado parlamentario.
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