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Tras el fallido golpe de Estado del viernes en Turquía, la operación iniciada para limpiar las administraciones públicas de seguidores del clérico Fethullah Gülen alcanzó ayer a sectores como la educación, la religión y los medios. Mientras tanto, el gobierno sigue planteando la posibilidad de reintroducir la pena de muerte, pese a la oposición de la Unión Europea y organismos de defensa de los derechos humanos.
Después de las 13 mil suspensiones de los últimos días en varias administraciones públicas, la cifra se elevó ayer hasta casi 30 mil, con anuncios que afectan a distintos sectores. La purga más importante se dio en el Ministerio de Educación, que apartó del cargo a 15.200 empleados en todo el país, incluyendo docentes de todos los niveles, que serán investigados. El Consejo de Educación Superior pidió además la dimisión de 1577 decanos de las universidades públicas. La información oficial consigna la suspensión de cien trabajadores del servicio de inteligencia MIT, aunque no tenían acceso a informaciones secretas. También fueron apartados de sus cargos 492 trabajadores de la Presidencia de Asuntos Religiosos, la más alta autoridad religiosa del país. Y fueron suspendidos 257 empleados de las oficinas del primer ministro, Binali Yildirim.
El Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) anunció ayer en un comunicado que canceló las licencias de 24 emisoras de radio y televisión, como Bugün TV y Samanyolu Haber. Esta decisión anula de forma completa las licencias de todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas de FETO o mantengan lazos o vínculos con ella. FETO es la organización que conecta las redes de simpatizantes de Gülen, un líder religioso que hasta 2013 era aliado del gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan y ahora es considerado el enemigo público número uno y el hombre que orquestó el golpe fallido del viernes pasado. Varios de los medios que perdieron su licencia ya habían sido intervenidos por el Estado durante el último año y sus responsables habían sido reemplazados por fideicomisarios. Otros, incluso, habían sido cerrados directamente.
Además de las destituciones, en Turquía continuaron ayer los arrestos, que se elevan ya a 8660. Entre las personas detenidas hay 6219 soldados, 210 policías, 1481 jueces y fiscales y 650 civiles. De todos ellos se dictó orden de prisión preventiva contra 990: 34 policías, 665 soldados, 273 jueces y fiscales y 18 civiles. Entre los soldados hay 15 generales y otros 65 oficiales. El portavoz de Erdogan, Ibrahim Kalin, rechazó las críticas internacionales a las detenciones masivas. “Por supuesto que las cifras son elevadas”, admitió, recordando que en el intento de golpe participaron miles de soldados y asegurando que las investigaciones y procesos se llevarán a cabo de acuerdo con los principios del Estado de derecho.
Uno de los últimos arrestados es al parecer el oficial de la Fuerza Aérea Erkan Kivrak, considerado el principal asesor militar de Erdogan. Kivrak fue detenido mientras se encontraba de vacaciones en un hotel de Antalya, en el sur de Turquía, aunque por el momento no se informó de los cargos de los que se lo acusa. El domingo, también se dio a conocer el arresto de otro asesor de Erdogan, el coronel Ali Yazici.
En medio de las detenciones y suspensiones, en la comunidad internacional sigue preocupando la posibilidad de que Turquía reinstaure la pena de muerte, que abolió en 2004 y no ponía en práctica desde 1984. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, advirtió que si Turquía vuelve a introducir la pena capital, violaría acuerdos internacionales vinculantes y se movería en una dirección equivocada. “Pido urgentemente al gobierno turco que no retroceda en la defensa de los derechos humanos”, dijo desde Ginebra, a la par que Amnistía Internacional recordó que Ankara ratificó en 2006 el segundo protocolo adicional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se refiere a la abolición de la pena de muerte.
Pese a que el lunes la Unión Europea advirtió a Turquía en contra de reinstaurar la pena capital, Erdogan reiteró en un discurso en Estambul su disposición a reintroducirla. “Así como esos acuerdos están vigentes, pueden revocarse. Basta con que nuestro Parlamento lo decida. No son leyes que no puedan modificarse”, afirmó. Para reintroducir la pena de muerte se tiene que modificar la Constitución turca. Para ello se necesita una mayoría de dos tercios en el Parlamento, 367 de los 550 escaños. La otra opción es contar con una mayoría del 60 por ciento de los diputados (330), con lo que se podría convocar un referéndum en el que sólo sería preciso que fuera aprobada por una mayoría simple de la población.
El partido islámico conservador gubernamental, Partido de la Justicia y el Desarollo (AKP), necesitaría el apoyo de la oposición, pues cuenta con 317 escaños. El partido opositor de ultraderecha Partido de Acción Nacionalista (MHP) aseguró ayer que apoya la medida y con su respaldo el AKP tendría votos suficientes para convocar un referéndum. “Si el gobierno del AKP está dispuesto, nosotros también”, indicó el líder del MHP, Devlet Bahceli, en una reunión de sus diputados en Ankara. “También nosotros lo apoyamos y haremos lo necesario sin reparos”, afirmó Bahceli.
En cambio, Gök Levent, el vicejefe del grupo parlamentario de la principal fuerza de oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), se pronunció en contra de volver a introducir la pena de muerte. También el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), prokurdo, está en contra. Su líder, Selahattin Demirtas, recordó además, respecto de los golpistas, que no puede ser aplicada de manera retroactiva.
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