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La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, negó ayer haber tenido conocimiento de un pago ilegal de 4,5 millones de dólares en la campaña electoral de 2010 que fue confesado ante la justicia por sus publicistas en aquella ocasión.
“No autoricé el pago de ‘caja 2’ (ilegal) para nadie. Si hubo un pago, no fue con mi conocimiento”, dijo Rousseff a Radio Jornal, del estado de Pernambuco, al salir al cruce de la confesión hecha por los responsables del marketing electoral Joao Santana y su esposa Mónica Moura, detenidos en la Operación Lava Jato. Santana y Moura contaron que el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, también preso, los obligó a cobrar en Suiza 4,5 millones de dólares de una deuda de campaña por parte del empresario Zwi Skornicki, representante de la empresa multinacional Keppel Fels, proveedora de la estatal Petrobras.
La confesión de Santana, un reconocido estratega electoral con gran éxito en comicios en Angola, Venezuela, El Salvador, Panamá y República Dominicana, no se relaciona directamente con la acusación en el juicio político del Senado, centrado en asuntos contables del presupuesto 2015. Incluso tanto Santana como su esposa están sospechados de recibir dinero de la multinacional brasileña de ingeniería Odebrecht como parte del pago de campañas electorales de terceros.
En algún momento considerados amigos de Rousseff y del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Santana y su esposa le contaron al juez Moro que inicialmente mintieron en los interrogatorios policiales en un intento por proteger a Dilma del juicio político. Sin embargo, ambos dijeron que el dinero que cobraron no está vinculado a la corrupción y sí a las prácticas normales de la política brasileña, de pagar por fuera del sistema para cubrir los gastos de producción de las campañas electorales.
El fraude en la contabilidad en campañas es apenas un delito electoral, pero el juez Sérgio Moro mantiene presos a Santana y a su esposa por supuestamente haberse beneficiado del sistema de sobornos que irrigaron empresas en la estatal Petrobras por haber sido los jefes del marketing de las campañas del Partido de los Trabajadores (PT). “Yo tenía conciencia de que era una práctica ilegal, pero no corrupción, dinero sucio jamás, nos equivocamos, tenemos la reputación destruida, pero no es lo mismo la corrupción que cobrar por afuera del sistema, como lo hacen el 98 por ciento de los partidos en Brasil”, dijo Santana en su testimonio al juez Moro, divulgado a la prensa.
Según la acusación, el ex tesorero Vaccari, preso en la Operación Lava Jato, pidió al empresario Zwi Skornick, que le pagara en Suiza 4,5 millones de dólares a Santana como parte de la deuda de la fuerza política para abonar la campaña 2010 que llevó a la victoria a Rousseff.
Los responsables del equipo de Rousseff siempre aseveraron que todas sus cuentas de la campaña de 2010 fueron aprobadas y que los arreglos citados exceden la competencia de su comité. “Yo creía que eso perjudicaría a Dilma, a quien ayudé a ganar la elección. No iba a ser yo quien iba a destruirla”, dijo Santana al justificar el motivo por el cual inicialmente mintió.
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