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Acaba de ser firmado el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, luego de 3 años y 9 meses de negociaciones, en los que Cuba y Noruega actuaron como mediadores y Chile y Guatemala como observadores acompañantes. Está próximo el final de un conflicto armado interno que se ha desarrollado durante 52 años. Es éste un hecho auspicioso que debe ser elogiado y alentado, que además de ser portador de una pacificación de enorme valor incluye, asimismo, iniciativas para reparar los altos costos sociales y económicos que ha acarreado la guerra, y para reinsertar a los guerrilleros en los ámbitos civil y político.

Sin perder el optimismo, hay sin embargo que reconocer que algunos nubarrones ensombrecen el panorama y colocan un signo de interrogación. Por un lado, el acuerdo firmado debe someterse a un plebiscito que se hará el próximo 2 de octubre, que exige a los votantes pronunciarse por sí o por no. Las encuestas, que no arrojan por ahora resultados homogéneos, indican que hay paridad o bien que se impone el no. El ex presidente Alvaro Uribe –hombre del centroderecha, con conexiones con el paramilitarismo– enconadamente enfrentado al actual presidente Juan Manuel Santos, es el principal impulsor de la negativa. El eventual triunfo del no echaría por tierra los acuerdos y colocaría a las FARC, que están comprometiendo la “dejación de armas” y su desmovilización, en una situación muy difícil. Por otro lado, aun cuando se impusiera el sí restaría una espectral incógnita. Colombia tuvo ya varias experiencias de pacificación que terminaron en tragedia: la amnistía general otorgada en 1986 por Belisario Betancourt, la intentada por Virgilio Barco en 1986, a comienzos de su mandato y la de 1990 –a finales del período del mismo Barco– que tuvo como contraparte al M19, tuvieron un corolario trágico: el asesinato de decenas de dirigentes y centenas de militantes.

En esta oportunidad, el gobierno colombiano y las FARC convinieron con Naciones Unidas el establecimiento de un mecanismo tripartito que tendrá el objetivo de supervisar la puesta en práctica del cese del fuego. Aprobado ya por el Consejo de Seguridad, está previsto el despliegue de una misión de alrededor de 150 efectivos –la mayoría de ellos argentinos– que serán comandados por un general de brigada también argentino. Deberán operar desarmados y desprovistos de sus correspondientes uniformes. Se trata de una misión novedosa y exigente que volverá a poner a prueba la profesionalidad de las tropas argentinas, acreditada ya en las misiones en Haití y Chipre, entre otras. Sería conveniente que la autorización de salida de este contingente pasara por el Congreso, como corresponde, pues legitimaría la decisión y abonaría consensos convenientes.

Más allá de esta cuestión de procedimientos, cabe destacar que, sin perjuicio de las dificultades que se desprenden de la complejidad del propósito a cumplir y del riesgo eventual que suponen los antecedentes apuntados más arriba, la importancia de la misión es superlativa pues la pacificación en nuestro vecindario sudamericano es un objetivo mayor, tanto como lo es la práctica de una política exterior responsable frente a las problemáticas que regionalmente nos involucran.

Sin menospreciar las complicaciones que pueden estar al acecho, vale la pena el esfuerzo de cooperar para que Colombia tenga una nueva oportunidad para la paz.

* Sociólogo.

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