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El plan de paz consensuado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desembarcó en Washington en la voz del presidente caribeño, quien entregó el acuerdo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) y sostuvo, ante la Asamblea General, que la guerra terminó. Con la presión en aumento para sellar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, los miembros de las FARC que sean solicitados por la Justicia de Estados Unidos, en muchos casos por casos de narcotráfico, no serán extraditados una vez firmada la paz. Mientras 23 ex comandantes del desmovilizado grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), varios presos en Estados Unidos, dieron su apoyo al plebiscito y pidieron ser incorporados al Tribunal Especial para la Paz, que juzgará a los actores del conflicto, una diputada derechista rechazó el pacto y sostuvo que el conflicto sólo se puede terminar por la fuerza.
Santos entregó el documento a la Presidencia del Consejo de Seguridad, en presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien confirmó que asistirá el lunes en Cartagena de Indias a la ceremonia de la firma del acuerdo de paz. “Aquí está el resultado de este trabajo en el que todos ayudaron, y que es una contribución a la paz mundil”, afirmó Santos, antes de una sesión del Consejo que analizó la situación en Oriente Medio.
Más tarde, cuando tuvo la oportunidad de dirigirse a la Asamblea General de la ONU, el mandatario dio por finalizado la disputa en su país. “Ha terminado el último y más viejo conflicto armado en el hemisferio occidental”, lanzó el presidente. “Un conflicto que dejó más de 220.000 muertos y más de ocho millones de víctimas ha terminado”, ahondó en el balance de años de lucha entre el ejecutivo y la guerrilla más antigua del continente.
En una decisión apoyada por el representante norteamericano en los diálogos de paz de La Habana, Bernard Aronson, Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, miembro del secretariado de esa guerrilla, señaló en la Décima Conferencia de la guerrilla, en la localidad de Diamante, que la decisión de no extraditar a los miembros de la FARC, una vez que el acuerdo de paz sea sellado, “está enmarcado en la Jurisdicción Especial para la Paz que Estados Unidos acompañó a través de su enviado Aronson, y en cada uno de los puntos que fuimos acordando Estados Unidos manifestó su apoyo total”.
La jurisdicción especial fue el punto que más fricciones generó en los diálogos de paz y recoge la creación de un tribunal para juzgar los delitos cometidos en el conflicto armado. Por esa Corte pasarán los guerrilleros que afronten penas privativas de la libertad, de hasta ocho años, sólo para los delitos que infrinjan el Tratado de Roma, como los de lesa humanidad, tortura, reclutamiento de menores o abusos sexuales, entre otros. El resto de los guerrilleros serán amnistiados en base a un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso tras la firma oficial de los acuerdos de paz, que tendrá lugar el 26 de este mes, y su ratificación en un plebiscito a celebrarse el 2 de octubre.
En una carta distribuida a medios de prensa, los ex comandantes de las AUC señalaron que “el país debe volcarse todo, independientemente de su carácter de derecha o izquierda, a decir ‘sí’ en el plebiscito y sí al proceso de reconciliación”. En el texto, los ex paramilitares manifestaron que los colombianos deben encontrar la paz y la reconciliación entre todos y, para conseguirlo, tendrán que estar por encima de los sectarismos, contribuir con el esclarecimiento de la verdad y formar parte de una justicia transicional que cobije a todos los que han participado de la guerra.
A contramano de los actores en conflicto, cuyos esfuerzos en los últimos años estuvieron puestos en lograr la paz, la congresista colombiana María Fernanda Cabal, del partido de derecha radical Centro Democrático, que dirige el ex presidente y ahora senador Alvaro Uribe, generó una fuerte polémica luego de expresar su rechazo al acuerdo de paz, porque “un conflicto armado no debe resolverse por la vía del diálogo sino a través de la fuerza”.
Cabal criticó a la cúpula de las Fuerzas Armadas por respaldar el proceso de paz. “El Ejército no está hecho para ser dama rosada; el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar”, manifestó Cabal en un video que publicó en su muro de Facebook. Uribe es por estas horas el más férreo opositor al acuerdo de paz.
Pero la última palabra la tendrá el pueblo colombiano, cuando el 2 de octubre 34.899.945 personas convocadas a votar participen del plebiscito sobre el acuerdo de paz que, para ser válido, debe contar al menos con el 13 por ciento de votos del padrón electoral por el Sí, es decir, 4.536.992 papeletas. En tanto, la Fiscalía de Colombia advirtió ayer que existe evidencia suficiente para determinar que la guerrilla del ELN busca ocupar territorios que eventualmente dejarán libres las FARC tras la firma final del acuerdo de paz y su posterior desarme.
El fiscal general, Néstor Martínez, indicó que el ELN se movilizó en los últimos días a municipios que ancestralmente ocupaban las FARC. “En algunos departamentos, particularmente zonas de consolidación, algunas organizaciones al margen de la ley, como el ELN, han empezado a movilizarse”, aseguró Martínez.
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