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El gobierno del presidente de Brasil, Michel Temer, impulsará una enmienda constitucional para limitar por los próximos 20 años el gasto público, de acuerdo con una estrategia presentada anoche en la cadena nacional de radio y televisión por el ministro de Economía, Henrique Meirelles. En su aparición pública, Meirelles explicó a las familias brasileñas que hay que “dejar de gastar lo que no se recauda”.
Temer mandó a hablar a su ministro -ex presidente del Banco Central en los años del gobierno de Luiz Inácio Lula da SIlva (2003-2010) y ex titular global del Banco de Boston- luego de haber obtenido en una comisión parlamentaria la victoria sobre el techo del gasto público, resistido por la oposición y por varios especialistas de las áreas de salud y educación.
El gobierno de la ex mandataria Dilma Rousseff había enviado al Congreso una previsión de déficit fiscal de 29.000 millones de dólares para 2016, pero al asumir en forma interina, en mayo, Temer lo elevó a 53.000 millones de dólares (170.000 millones de reales).
La enmienda constitucional comenzará a ser tratada el lunes en la Cámara de Diputados, luego de que fuera aprobada en comisión anoche, tras diez horas de una sesión tumultuosa, ya que se cambiará incluso el piso recaudatorio que garantiza la actual Carta Magna a los presupuestos de salud y educación, más allá de los niveles de inflación o de recaudación. “No aceptamos más la inflación y el desempleo porque los más pobres son los que pagan esa factura. Con la aprobación de la propuesta que equilibra las cuentas públicas vamos a superar este momento y a volver a poner a Brasil en el camino de la justicia social con desarrollo de verdad”, dijo Meirelles en su discurso en la TV.
El gobierno estimó que, debido a la baja popularidad de Temer, una inclusión de la imagen del mandatario en este tipo de mensajes podría generar lo que hasta hace pocos meses provocaba en los barrios de clase media de las principales ciudades cuando hablaba Rousseff: una reacción de cacerolazos y bocinazos. Pero la oposición, expertos e incluso el gubernamental Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), que depende del Palacio del Planalto, han criticado congelar el gasto por dos décadas apenas tomando la inflación pasada como referencia y no las necesidades del momento.
“El objetivo es reducir el tamaño del Estado y esta enmienda constitucional es firmar un contrato de austeridad de 20 años”, dijo el profesor Pedro Linhares Rossi, de la Universidad de Campinas (Unicamp), autor de un estudio que indica que habrá una reducción del 19% del PIB en gasto primario. El gobierno aseguró que en educación y salud el congelamiento del gasto entrará en vigor en 2018 y que en 2017 apenas para estos dos asuntos el presupuesto se manejará como hasta ahora, con un piso constitucional.
Uno de los argumentos es que la deuda pública brasileña llegó en 2015 al 66,2% del PIB, un número por debajo de la mayoría de los países europeos. “Temer quiere gastar, amplió el mismo su propio déficit, y quiere condenar a los futuros gobiernos por 20 años. Vamos a obstruir y a proponer enmiendas al proyecto para sacar a la salud, la asistencia social y a la educación, una iniciativa que destruye el horizonte y las conquistas del pueblo brasileño. Esto es el resultado del golpe”, dijo el jefe del bloque de diputados del opositor Partido de los Trabajadores, Afonso Florence. El gobierno necesita 303 de los 517 diputados y 49 de los 81 senadores para aprobar la enmienda.
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