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El mundo|Lunes, 10 de octubre de 2016
El ex presidente colombiano afirmó que la impunidad genera incertidumbre jurídica

Uribe pide cárcel para líderes de las FARC

El líder opositor marcó la cancha para la reunión que mantendrán hoy los representantes de su partido y los enviados del gobierno de Juan Manuel Santos para destrabar las negociaciones.

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Alvaro Uribe rechazó la creación de un Tribunal Especial de Justicia.

Alvaro Uribe pidió ayer que los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia responsables de crímenes cumplan penas de cárcel de 5 a 8 años en “sitios alternativos como granjas agrícolas” y señaló que la impunidad otorgada “a los mayores responsables de delitos atroces” se convierte “en mal ejemplo, creador de nuevas violencias, además de generar incertidumbre jurídica futura”. El líder opositor marcó la cancha en la previa de la reunión que hoy mantendrán representantes del Centro Democrático, la fuerza que dirige, y los enviados del gobierno de Juan Manuel Santos, para analizar las críticas y aclarar las dudas sobre el acuerdo de paz firmado con la guerrilla, con el objetivo de destrabar las negociaciones. Santos prometió acabar con la guerra en el país en el primer acto público en el que participa tras ser reconocido con el Nobel de Paz. “Vamos a perseverar, vamos a persistir, a persistir, persistir y persistir hasta que logremos poner en marcha el acuerdo que se firmó con las FARC y si hay que hacer ajustes a lo que ya hemos acordado pues haremos ajustes’’, afirmó el mandatario.

En un video que subió a su canal en YouTube y compartió en su cuenta de Twitter, el ex presidente Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, dijo que en las circunstancias que atraviesa Colombia, el narcotráfico no debe ser calificado como delito político ni contemplado como un delito conexo al de rebelión. Asimismo, consideró que se necesita paciencia para discutir tantos motivos de preocupación sobre lo pactado el 26 de septiembre con las FARC.

Decidido a ganar la batalla discursiva, el principal promotor del No en el plebiscito del domingo, cuyo resultado fue el rechazo del acuerdo con 50,21 por ciento de los votos frente al 49,78 por ciento que lo respaldó, rechazó lo planteado por el Gobierno y las FARC sobre la creación de un Tribunal Especial de Justicia para juzgar a los guerrilleros, como se plantea en el acuerdo de 297 páginas.

“Hicimos múltiples observaciones al Tribunal Transicional, que entre sus facultades exorbitantes tiene aquella de definir qué conductas son delitos. Estamos de acuerdo con aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación (creada para la desmovilización de paramilitares entre 2003 y 2006) o proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia, retroactiva por cierto”, detalló Uribe en el comunicado.

Finalmente, el ahora senador sugirió que a las FARC se les dé “protección efectiva a condición de la suspensión de todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos”, y sostuvo que “la ley podría conceder una amnistía, sin desmovilización total inmediata, a guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad”.

Durante una ceremonia religiosa en Bojayá, poblado en donde 79 personas murieron durante un ataque de las FARC, el presidente Santos se refirió a la distinición que la Academia Sueca le otorgó la semana pasada. “Este gran Premio Nobel, que algunos lo consideran el más importante de todo el planeta, viene acompañado de un premio también monetario: quiero anunciarles que anoche me reuní con mi familia y hemos tomado la decisión de donar esos ocho millones de coronas suecas (925.000 dólares) para que las víctimas puedan ser reparadas’’, dijo el presidente colombiano.

Acompañado de su esposa e hijos, y de varios miembros de su gabinete, el mandatario aseguró que entregará el monto del premio a obras, fundaciones o programas que tengan que ver con víctimas y reconciliación. El conflicto armado colombiano, que enfrentó a guerrilleros con paramilitares y agentes estatales, dejó en más de medio siglo 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

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