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El gobernador del estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte, dejará el cargo para dedicar todo su tiempo a defenderse de las denuncias por corrupción que existen en su contra.
A poco menos de 50 días para el final de su mandato, Duarte anticipó que no renunciará, sino que pedirá al Congreso del Estado una licencia.
Duarte, investigado por la Fiscalía general por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, apuntó, en declaraciones a la cadena Televisa, que “Veracruz no necesita un gobernador de medio tiempo, necesita un gobernador de tiempo completo”.
“Ya es el momento de poder atender, dar la cara, enfrentar las denuncias y no puedo si sigo estando gobernando por un lado y por otro atendiendo estas circunstancias”, aseveró, y consideró “infamias”, “calumnias”, y “denuncias sin fundamento” las publicaciones en su contra.
El Congreso de Veracruz analizará en las próximas horas el pedido, que será presentado por escrito, según adelantó el vocero del Gobierno de Veracruz, Alberto Silva.
El gobernador, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejó en claro que nadie pidió su renuncia, sino que “es una decisión personal”, para poder estar “con la conciencia muy tranquila”. “No tengo nada que ocultar; mi patrimonio es público, mis declaraciones patrimoniales han sido muy claras y no tienen ninguna variación”, agregó
Duarte, al que el PRI le suspendió sus derechos partidarios a finales de septiembre –un paso previo a la expulsión–, ha sido señalado por presuntos actos de corrupción durante su gestión y por intentar “blindarse” al impulsar una estructura anticorrupción con allegados suyos en puestos clave, plan que debió luego revisar.
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Angel Yunes, afirmó que tiene información sobre presunta corrupción de Javier Duarte, la cual “cimbrará México”, y dará a conocer tras asumir su mandato en el estado.
El último precedente de un gobernador que pidió licencia lo marcó Ángel Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien dejó el gobierno de Guerrero en octubre de 2014 por la crisis desatada tras la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala a manos de policías y el crimen organizado.
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