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Desde Barcelona
Mariano Rajoy consiguió, finalmente, quedarse al mando del Ejecutivo español. Le costó 315 días de interinidad, tres intentos fallidos de convencer a la Cámara de diputados, diez meses de negociaciones y dos convocatorias de los ciudadanos a las urnas, pero lo consiguió. En el segundo debate de investidura –después del realizado el pasado jueves, donde el candidato conservador no obtuvo la mayoría absoluta requerida– fue su histórico adversario, el Partido Socialista (PSOE) quien le posibilitó la continuidad en el poder gracias a la abstención de 68 de sus parlamentarios, que se sumó a los 170 apoyos que ya tenía de su grupo, Ciudadanos y Coalición Canaria.
Pese a lo previsible del desenlace que, desde conocerse la decisión del Comité federal socialista en favor de Mariano Rajoy, todos sabían que sería el triunfo del líder del PP en la segunda votación de este sábado, la jornada también llegaba con suspenso en torno a la postura última de todos los diputados de PSOE. El reiterado anuncio de una veintena de ellos de que no acatarían las directrices de la gestora que está al mando provisional de la formación y la amenaza por parte de ésta de represalias hacia los díscolos rodeó al debate de especulaciones. Pero las incógnitas empezaron a despejarse al mediodía, cuando el que hasta el pasado 1º de octubre era el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, convocó una rueda de prensa para comunicar que renunciaba a su escaño en el Congreso y luego, a las 8 de la noche –hora de la votación– el misterio quedaba completamente resuelto con el voto en contra de, en total, 15 diputados del PSOE.
El ex candidato a la presidencia mantuvo en silencio hasta el último minuto cómo iba a resolver la encrucijada que la segunda sesión de investidura le tenía tendida: llevar hasta el final su famoso “no es no” a Rajoy y violar la disciplina de voto de su partido, o acatarla y perder para siempre la credibilidad que aún le queda entre ciertos sectores de la militancia socialista. Pedro Sánchez cortó por lo sano y seis horas antes del inicio del debate anunció que –precisamente, para evitar esa muerte que, en manos de unos o de otros, estaba asegurada– abandonaba su cargo como diputado y, por tanto, no participaría de la votación.
“Estoy en profundo desacuerdo con facilitar un gobierno de Rajoy. No iré contra mi partido ni iré contra mi compromiso electoral”, se justificó Sánchez en una comparecencia sin preguntas que duró aproximadamente 10 minutos. “De las dos opciones que me da la gestora, no escojo ninguna”, puntualizó. El ex líder socialista dejó bien claro que su dimisión en el Congreso no significa una retirada de la política sino “un paso a un lado momentáneo” para, según dijo, recuperar el liderazgo del PSOE y lanzar su candidatura para las primarias del partido, que tendrán lugar el año que viene. “No dejo la política. Vuelvo a empezar en ella como un militante más, que en el próximo congreso trabajará para reconstruir un PSOE autónomo del PP, donde la militancia haga valer su voz”.
Pedro Sánchez se propone recorrer “todos los rincones de España” para empezar su campaña de “reconstrucción” del PSOE. “El lunes cojo mi coche y recorro todos los rincones de España para escuchar a los que no han sido escuchados, a los militantes y a los votantes de izquierda”, anunció quien fuera elegido en julio de 2014 por primera vez secretario general de los socialistas con el voto de las bases. La frase derivó instantáneamente en riadas de tuits bajo el lema “Yo viajo con Pedro”, lanzado por los seguidores de Sánchez que ovacionaron su decisión, enfrentándose a los partidarios de allanarle el camino a Rajoy en su investidura que, con la misma intensidad, le saltaron al cuello.
La dimisión del ex presidente del PSOE y su declarado apoyo hacia los diputados resueltos a no acatar las directrices de su gestora alteraron al equipo de Mariano Rajoy que no sabía ya cómo recordar a las cámaras que el verdadero protagonista de la jornada era su candidato y no las idas y venidas de sus adversarios (o socios). El líder del PP subió al estrado de Congreso en el segundo debate de investidura con las palabras justas para expresar en el breve tiempo de su intervención- la sesión, a diferencia de la anterior que duró seis horas, fue de una hora y media- los propósitos de su próxima legislatura. Rajoy reclamó su derecho a “un Gobierno que esté en condiciones de gobernar” en alusión al apoyo que, de ahora en adelante, necesitará de los demás partidos al carecer de la mayoría absoluta a la que estaba acostumbrado. Le exigió al PSOE, directamente, que “la misma responsabilidad para la abstención, debe servir para el futuro” y las promesas de diálogo que tanto remarcó en el primer debate de investidura fueron acompañadas, esta vez, del mensaje de que no pretende “cambiar nada” sino “perseverar”, es decir no dejar que se deroguen las leyes que promulgó durante su anterior mandato. “Sería inútil someter a negociación la unidad de España, la igualdad de los españoles y nuestros compromisos europeos. No pretendo acceder al Gobierno para derribar lo construido”, afirmó Rajoy.
En esta ocasión el número uno de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, también fue al grano, y en su réplica al líder del PP, le advirtió que su actitud “va a convertir su legislatura en un epílogo”. Convencido de que en España se está dibujando “un nuevo país” que, tarde o temprano, llevará a la confluencia de izquierdas al poder, Iglesias quiso dejar en claro que desde la oposición- lugar que, a su juicio, con la fractura interna del PSOE y su abstención en favor de Rajoy, a partir de ahora encabezan- serán “un instrumento político para una nueva España joven y moderna que no tiene miedo (…) y que estará preparada para ganarle (a Rajoy) y gobernar”.
Fuera del Congreso también se oían voces. Al mismo tiempo que Mariano Rajoy era reelegido presidente, cerca de seis mil personas coreaban el ya célebre “No nos representan” en las inmediaciones del Parlamento y agitaban pancartas con el lema de la convocatoria: “Ante el golpe de la mafia, democracia. No a la investidura ilegítima”, rodeados de los 1200 policías antidisturbios que la Delegación del Gobierno de Madrid dispuso especialmente para evitar problemas durante la asunción del conservador como jefe del Ejecutivo.
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