Una mayoría progubernamental del Parlamento de Ecuador destituyó ayer a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una sesión extraordinaria convocada por el presidente de la República, Lucio Gutiérrez. El Partido Roldosista ecuatoriano (PRE), que se alió con Gutiérrez en el Parlamento (donde éste sólo tiene cinco escaños) para remover a los magistrados, insinuó que la medida favorecería el retorno del líder de su partido, el ex presidente Abdalá Bucaram, asilado en Panamá y acusado de corrupción. Pero los nuevos jueces designados aseguraron que las causas abiertas contra Bucaram seguirá su curso.
Luego de haber destituido a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema, el Congreso designó inmediatamente a los nuevos 27 magistrados y reeligió a cuatro tras considerar que estaban en funciones prorrogadas. La reorganización de la Corte Suprema originó en Quito protestas de estudiantes universitarios de Derecho, que se enfrentaron con la fuerza pública, mientras que la policía acordonó la sede de la Corte, en el norte de la ciudad, para impedir el ingreso de los magistrados cesados.
El ex presidente de la máxima Corte, Hugo Quintana, quien permanecía en su despacho, abandonó la sede de esa institución y denunció que Gutiérrez, a través de la mayoría de legisladores afín al gobierno, violó la Constitución al reestructurar los altos tribunales con una simple resolución parlamentaria. Los magistrados cesantes aseguraron que irían a la Corte Interamericana de Justicia. Las cámaras de empresarios, los alcaldes de las principales ciudades del país, especialmente de Quito y Guayaquil, y la influyente Iglesia Católica ecuatoriana coincidieron con la postura de Quintana.
Hace dos semanas, los diputados oficialistas también reorganizaron los tribunales Constitucional (TC) y Supremo Electoral (TSE) mediante resoluciones. Gutiérrez acusó a la Corte Suprema de estar “secuestrada” por el derechista “partido socialdemócrata cristiano” y de haber servido para “perseguir a opositores políticos y permitir la impunidad de los culpables”. El mandatario agregó que el Parlamento debe recuperar la facultad de enjuiciar y destituir a la Corte Suprema cuyos jueces, desde la Constitución de 1998, no pueden ser destituidos y son vitalicios.
La oposición sostiene que la Corte fue reorganizada para permitir el regreso del ex presidente Bucaram (agosto de 1996 a febrero de 1997), asilado en Panamá luego de ser destituido por el Congreso, que declaró su incapacidad mental para ejercer el poder. Bucaram, quien enfrenta órdenes de prisión dictadas por la Justicia por presuntos hechos de corrupción en su administración, es líder del populista PRE, el principal aliado del gobierno de Gutiérrez, cuyo bloque político –Sociedad Patriótica– apenas tiene cinco escaños legislativos.
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