El mundo|Sábado, 11 de mayo de 2002

Lo anunció, lo hará y a la Administración Bush no le gusta nada. El ex presidente norteamericano Jimmy Carter (1977-1981) llegará mañana a Cuba para tratar la política de derechos humanos en la isla. Teniendo en cuenta que la cuestión de los derechos humanos fue tradicionalmente un instrumento de los gobiernos norteamericanos para justificar su política hacia Fidel Castro, se podría pensar que Carter buscará presionar en ese sentido. Pero el ex presidente es un “aliado” de Cuba en lo que al levantamiento del embargo se refiere (ver nota aparte) y, aunque se reunirá con disidentes cubanos, el gobierno de Bush teme que el viaje termine presionando a favor de un cambio de política que no está dispuesto a encarar. Ayer los anticastristas fustigaron a Carter por su visita, mientras el ex jefe antidrogas de la Administración Clinton, Barry McCaffrey, atacó la política norteamericana hacia la isla. En Cuba, un grupo de disidentes presentó ante el Parlamento el “Proyecto Varela” para convocar a un referéndum para la realización de elecciones libres en el país.
El tema de la política norteamericana hacia Cuba estuvo en el candelero en las últimas semanas por dos cuestiones laterales a lo que es meollo de esta política; esto es, el embargo económico a la isla, que ya lleva 41 años. La primera fue el pedido que el presidente mexicano Vicente Fox le hiciera a Fidel Castro para que abandonara la Cumbre de Monterrey, en marzo y a pedido de Bush. Por ese pedido, Cuba y México están en una crisis que puede derivar, según Castro, en la ruptura de relaciones diplomáticas. Y la otra cuestión fue la ruptura que ya se produjo entre Cuba y Uruguay, ya que este país, bajo evidente connivencia con la administración estadounidense, fue el que presentó la moción contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
La visita de Carter a Cuba está anunciada desde hace más de un mes. Será el primer ex presidente norteamericano en pisar suelo cubano desde la Revolución de 1959. Tiene previsto reunirse con grupos políticos disidentes, que existen en Cuba pero son ilegales. Sin embargo, desde los anticastristas de Miami hasta varios miembros de la Administración Bush miran muy mal la visita del amigo americano. Dos símbolos del anticastrismo de Miami, los representantes Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, solicitaron incluso a Bush en una carta que denegara el permiso a Carter para viajar a la isla, “ya que da legitimidad a la dictadura fracasada de Castro”. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, el cubano anticastrista Otto Reich, lanzó una suerte de advertencia a Carter: “No lanzaremos un salvavidas para rescatar a un régimen que se hunde bajo el peso de sus fracasos históricos”.
Esta misma semana el subsecretario de Estado para el Control de Armamento, John Bolton, acusó a Cuba de disponer “de al menos un programa limitado de investigación y desarrollo de armas biológicas ofensivas” y de suministrar “biotecnología de doble uso (civil y militar) a Estados fuera de la ley”. Fidel Castro dijo ayer que responderá a estas “infames acusaciones”. Sally Cowal, presidenta de la Cuban Policy Foundation, opinó que las declaraciones de Bolton estuvieron “destinadas a socavar la visita de Carter”. William Perry, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dijo que “esta administración ha decidido mantener la política tradicional y por supuesto está un poco nerviosa de que Carter haga presión por un cambio de política”.
En Cuba, el Movimiento Cristiano Liberación (MCL) presentó ayer a la Asamblea Nacional un proyecto lanzado en 1998, y que intenta empujar una liberalización política y económica de la isla. El llamado “Proyecto Varela” fue presentado ayer por el dirigente del MCL, Oswaldo Payá, y cuenta con la firma de 11.000 ciudadanos, 1000 más de lo que establece la Constitución cubana para legitimar la convocatoria a un referéndum. El proyecto promueve una consulta popular para exigir la vigencia de libertad de expresión y asociación, la amnistía a todos los presos políticos, autorizar a los cubanos a instalar sus propias empresas y exigir larealización de elecciones libres y pluripartidistas en un plazo de nueve meses a un año. El Congreso cubano debe verificar las firmas y la convocatoria en sí, pero es muy poco probable que prospere. A esto se le suma el hecho de que no toda la disidencia cubana está a favor del Proyecto Varela, por entender que, para combatir al gobierno de Castro, utiliza los mismos métodos que éste le provee. Pero se trata de la primera vez en que los opositores al gobierno cubano encaran con éxito una iniciativa de este tipo.

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