El mundo|Domingo, 24 de abril de 2005

Lucio Gutiérrez, el depuesto presidente de Ecuador, se ha convertido en una papa caliente. Alfredo Palacio, el actual presidente del país, ayer se mostraba ambiguo ante el pedido de Brasil para que otorgue el salvoconducto a Gutiérrez y está bajo la lupa de la OEA, que aún no lo ha reconocido explícitamente. Pero Blasco Peñaherrera, enviado por Quito para explicar la reciente crisis ante la OEA en Washington, señaló que Ecuador debe conceder el salvoconducto a Gutiérrez para que salga hacia Brasil como asilado. También ayer, y en un nuevo guiño a la izquierda, el nuevo ministro de Gobierno (Interior), Mauricio Gándara, descartó otorgar inmunidad penal a los militares de Estados Unidos y reiteró su intención de revisar el convenio sobre la base ecuatoriana de Manta, usada por los estadounidenses para el control del narcotráfico en la región. Pequeños grupos se manifestaron frente a la Casa de Gobierno para expresar el rechazo al nuevo presidente.
El nuevo gobierno ha empezado a distanciarse de la administración estadounidense. Gándara indicó que Ecuador ratifica su adhesión a los principios de la Corte Penal Internacional (CPI) e insistió en que no concederá inmunidad a los soldados estadounidenses, como había requerido Washington. El ex presidente no había respondido a esa petición, porque había pedido que el tema fuera primero analizado por el Congreso, que no lo hizo. Con relación a la base de Manta, Gándara dijo que Palacio aún no ha decidido en qué situación quedará el convenio sobre la instalación militar, ubicada en el oeste del país, en la costa del Pacífico. Sin embargo, el ministro apuntó la posibilidad de iniciar un proceso internacional para tratar de suspender los efectos del convenio sobre la base de Manta suscripto en 1999 y ratificado en 2000, con una vigencia de diez años. La presencia de los militares estadounidense en la base de Manta ha sido criticada por amplios sectores de la sociedad, que han advertido el peligro de que se convierta en un puesto de avanzada para eventuales intervenciones militares contra la guerrilla colombiana.
El ministro de Gobierno ratificó, además, que Ecuador se alejará del Plan Colombia, auspiciado por Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla del país vecino y señaló que mantendrá el principio de no intervención “para no comprometerse en un conflicto ajeno”. Gándara sostuvo que el Ejecutivo no se comprometerá con “los problemas internos y la guerra en Colombia”, a diferencia de los últimos gobiernos que, según dijo, se habían alineado con las posturas norteamericanas respecto al conflicto colombiano. También dejó claro que Ecuador podría firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sólo si se cumple el principio de “igualdad de condiciones” en la negociación.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó el envío “a la brevedad posible” de una misión a Ecuador para investigar la destitución de Gutiérrez, evitando mencionar a las nuevas autoridades nacionales y subrayando la voluntad de los miembros de no reconocer explícitamente al gobierno de Palacio. El nuevo gobierno ecuatoriano dijo que no se opone a recibir una misión. “No tenemos ningún inconveniente en atenderla porque las cosas están muy claras y transparentes y nada que interese al país se ocultará”, dijo el secretario de Comunicación, Carlos Cortés. Para el canciller Parra Gil, la soberanía, institucionalidad y vuelta al estado de derecho en Ecuador no motivan que la OEA se angustie y se preocupe. Ese organismo “no tiene que decirnos nada”, sostuvo.
Gutiérrez permanecía alojado en la residencia del embajador de Brasil que le concedió el asilo político, a la espera de que el gobierno le otorgue el salvoconducto para salir del país. El gobierno de Palacio ha sido claro en que no puede negar el salvoconducto, aunque también ha enfatizado que se tomará su tiempo. Desde Washington, Blasco Peñaherrera dijo que el nuevo gobierno debe conceder el salvoconducto para que Gutiérrez salga hacia Brasil como asilado. El canciller Antonio Parra Gil se expresó en el mismo sentido e indicó que “es una obligación del Ecuador conceder” elsalvoconducto, pero que todo Estado tiene derecho a analizar las condiciones, situaciones y circunstancias.

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