El mundo|Martes, 30 de agosto de 2005

“La marmota durmió mucho tiempo y ahora despertó la fiera.” Así describió el secretario del cuerpo de generales chilenos retirados, Renán Varas, la decisión que tomaron los altos mandos de la dictadura de contraatacar para “desmitificar” el papel del Ejército durante el régimen de facto. Al mismo tiempo, reclamaron que el ex dictador, Augusto Pinochet, asuma su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, así como lo hizo por las cuentas secretas que poseía en el exterior para proteger a su familia. Mientras tanto, la defensa de su hijo menor, Marco Antonio Pinochet Hiriart, pidió ayer una rebaja a la fianza fijada para que su cliente recupere la libertad. Esto significa que seguirá recluido preventivamente hasta que se resuelva la solicitud, lo que recién podría suceder mañana o el jueves.
La iniciativa del grupo de generales retirados, que pretende representar a unos 800 mil oficiales retirados, se propone reivindicar el régimen de facto, con una visión “diferente a la que los medios de comunicación exponen cada día y que lamentablemente es la idea que nuestra juventud percibe, asimila y difunde”, explicó el presidente de la asociación, Juan Guillermo Toro. Amenazando con “actuar masivamente” y con salir de su “pasividad” –aunque no explicaron a través de qué métodos–, los jefes militares que se desempeñaron durante la dictadura elogiaron al presidente chileno, Ricardo Lagos, por actuar “como un estadista que vela por la reconciliación” al decidir indultar, hace sólo unos días, a un suboficial condenado por asesinar al sindicalista opositor a la dictadura, Tucapel Jiménez. Entre sus demandas, se destaca el pedido de “juicios más rápidos” para los casos de violaciones de derechos humanos durante el régimen de facto, ya que consideran “anormal” que “se sigan muriendo generales”, como Carlos Forestier, en el curso de los procesos judiciales. “Estamos todos en edad crítica”, explicaron.
Entretanto, la defensa del hijo menor del ex dictador, Marco Antonio Pinochet Hiriart, hizo un pedido para que le rebajaran la fianza luego que el sábado pasado la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el beneficio de la libertad bajo fianza que le había otorgado el juez Sergio Muñoz, aunque le aumentó la suma a tal punto que Marco Antonio se declaró incapaz de pagarla y tuvo que seguir detenido. El juez Muñoz, que investiga las millonarias cuentas secretas que mantuvo Augusto Pinochet en bancos del exterior de su país, había fijado la fianza en unos 2700 dólares y, luego, la Corte de Apelaciones decidió elevarla a unos 15.000 dólares. A raíz de esto, el abogado defensor, Luis Pacull, hizo un pedido para que se reconsidere el monto de la fianza hasta dejarla en una suma semejante a la inicial, considerando que se trata de “un exceso”.
La esposa, Lucía Hiriart, y el hijo menor de Pinochet fueron procesados y detenidos el 10 de agosto pasado acusados de presuntos cómplices en el fraude tributario que habría realizado el ex dictador. Desde ese día, Marco Antonio ha estado detenido en el anexo de la cárcel Capuchinos, una prisión especial para “presos económicos”. La defensa de los Pinochet sostiene que la figura de cómplice no existe para los casos de fraude tributario; sin embargo, ni el juez Muñoz ni la misma Corte Suprema han dado lugar a este reclamo. Mientras tanto, Augusto Pinochet sigue esperando el fallo de la Corte sobre el desafuero por esta causa.

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