La reunión de ayer entre el comandante del ejército uruguayo, Angel Bertolotti, y 13 de los 16 generales en actividad de esa arma volvió a poner en primer plano la falta de resultados de las excavaciones en los predios militares y las dos semanas que quedan antes que venza el plazo que implícitamente impuso el gobierno. Además, una delegación diplomática uruguaya tuvo que comparecer ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para explicar por qué el gobierno anterior, de Jorge Batlle, se negó a extraditar a la Argentina a tres oficiales retirados acusados de participar en el Plan Cóndor.
Desde el principio, la reunión estuvo teñida por rumores, comenzando con la edición de ayer del diario Observador en la que se asegura que Bertolotti temería “un complot contra su gestión” por su apoyo a la política de derechos humanos del gobierno. A pesar de que un vocero militar aseguró que el tema de las excavaciones “no se trató” en las cuatro horas y media que estuvieron reunidos los altos oficiales, todos los medios locales no dudaron en afirmar que ése fue uno de los puntos principales que se discutieron. En la agenda también se destacaron dos nombres: el general Juan Córdoba y su par retirado, Raúl Villar, ambos presentes ayer.
El primero fue el que meses atrás pidió ser relevado de su puesto, en la Jefatura de la División más importante del ejército, por estar en desacuerdo con la política de revisión del presidente Tabaré Vázquez, y apoyada por Bertolotti. Actualmente, Córdoba no tiene cargo alguno y después de meses de inacción de la cúpula decidió acudir el viernes pasado a la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, para que le otorgue el pase a retiro. El segundo nombre pertenece al oficial retirado, también opuesto a la política del gobierno, que denunció días atrás que estaba siendo espiado. Según la radio local Espectador, Bertolotti y los generales discutieron sobre quién habría sido el responsable.
Desde la Cumbre de Salamanca, en España, Tabaré no mencionó directamente el tema, aunque sí reafirmó que su gobierno no dejará de perseguir la búsqueda de los restos de los desaparecidos, e incluso aseguró que si no llegasen a aparecer podría declarar a todos los desaparecidos como víctimas de desaparición forzosa para que no queden amparados bajo la Ley de Caducidad. Mientras tanto, desde Montevideo, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos le reclamó al Presidente la apertura de los archivos oficiales sobre los crímenes durante la dictadura. Javier Miranda, uno de los abogados de la organización, explicó al diario local Ultimas Noticias que “no se trata de creer o no. Es un tema de información. Sigue faltando información”.
Tabaré tampoco descartó la posibilidad de aprobar extradiciones. Esta declaración adquiere una gran importancia, ya que ayer el Estado uruguayo debió explicarle a la OEA por qué se negó, durante el gobierno anterior, a extraditar a oficiales a la Argentina por el Plan Cóndor. El caso fue llevado al organismo internacional por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Según uno de los abogados de la ONG, Martín Prats, el cambio de gobierno no tiene relevancia, ya que Tabaré tampoco “ha hecho nada con respecto al caso”. Si la presentación de la delegación uruguaya no convence a la Comisión, el caso podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí podría obligar al país a extraditar a los tres militares.
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