Quito volvió a teñirse de un clima enrarecido ayer cuando el enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, que se viene gestando hace varias semanas, terminó de explotar. Frente al desaire presidencial de Alfredo Palacios, que eligió saltar la competencia del Congreso y enviar directamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el proyecto para una consulta popular, algunos parlamentarios reaccionaron inmediatamente pidiendo la renuncia del mandatario ya que sostienen que se excedió en sus funciones.
El plebiscito, proyectado para el 18 de diciembre, indagaría sobre la posibilidad de convocar a una Constituyente con plenos poderes. La pregunta propuesta por el gobierno es clara: “¿Autoriza usted que se convoque la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que transforme la nación, restructure el Estado ecuatoriano y expida la Constitución que anhela el pueblo de Ecuador?”. Palacios finalmente decidió evitar la instancia legislativa –que debía reconocer el carácter urgente de la consulta para que se pudiera realizar en diciembre–, ya que las discusiones en el Congreso estaban estancadas.
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