El mundo|Miércoles, 9 de noviembre de 2005

Por Carlos Noriega
Desde Lima

Al ex presidente peruano Alberto Fujimori se le terminó de borrar la sonrisa cuando le llegó la noticia de que el ministro de la Corte Suprema de Chile Orlando Alvarez había rechazado su pedido de libertad condicional. El magistrado Alvarez consideró que dejar en libertad a Fujimori “puede dañar” el proceso de extradición. La decisión de la Justicia chilena es inapelable, por lo que Fujimori permanecerá detenido al menos hasta que Perú presente formalmente la solicitud de extradición, para lo cual tiene 60 días de plazo, y ésta se tramite y resuelva, lo que puede durar varios meses más.
En Lima, la dirigencia fujimorista quedó prácticamente paralizada con la noticia y sus miembros se limitaron a decir que esperaban que “esto se resuelva cuanto antes”. Del exultante optimismo y de la postura desafiante que exhibieron el domingo en la tarde, cuando se conoció la llegada de Fujimori a Chile y su ingreso sin problemas a ese país, los fujimoristas han pasado a un estado de profunda preocupación ante la perspectiva de tener a su líder preso por un largo tiempo. Con Fujimori detenido, el fujimorismo pierde a su jefe y estratega, precisamente en las decisivas semanas previas al cierre de las inscripciones de las candidaturas presidenciales para las elecciones de abril de 2006, que se producirán el próximo 9 de enero.
Parlamentarios de distintos partidos y analistas políticos reaccionaron felicitando a Chile por la decisión de no liberar al ex mandatario. Luego de enterarse de la decisión de la Justicia chilena, el presidente Alejandro Toledo se dirigió a Fujimori para decirle: “Lo voy a esperar en el aeropuerto, pero para que responda a la Justicia”. “La Justicia es para todos y los delitos se pagan en los tribunales”, remató Toledo. Por su parte, el procurador adjunto para el caso Fujimori, Héctor Gutiérrez, no ocultó su optimismo por la decisión de la Justicia chilena: “Ahora la certeza de que este señor comparezca ante los jueces es mucho más cercana, obviamente a Fujimori le fallaron todos los cálculos”. El vocal de la Corte Suprema de Perú, José Luis Lecaros, anunció que en cuatro semanas podría estar lista la solicitud de extradición de Fujimori, quien tiene 21 procesos penales abiertos en el Perú, los que van desde diversos actos de corrupción hasta crímenes de lesa humanidad. Un caso clave en el pedido de extradición, y el que más preocupa a Fujimori, es el que se refiere a los crímenes cometidos por el grupo paramilitar Colina, formado durante su gobierno por miembros del ejército, que cometió una serie de asesinatos bajo la protección del régimen fujimorista. El ex mandatario podría enfrentar una condena de 35 años de prisión.
En la pequeña y austera habitación de la Escuela de Gendarmería en la que está recluido, Fujimori recibió a su abogado chileno, Juan Carlos Osorio, y a su abogado peruano, César Nakasaki, quien viajó a Santiago el lunes. Ambos lo pusieron al tanto de su difícil situación legal. Fujimori también recibió la visita del menor de sus cuatro hijos, Kenyi. Osorio fue el abogado que logró evitar el año 2001 la extradición al Perú desde Chile del publicista argentino Daniel Borobio, quien fuera el encargado de diseñar y aplicar las campañas de reelección de Fujimori y también las de desprestigio a la oposición democrática de entonces, y que está acusado de estar involucrado en el pago de sobornos a congresistas para que apoyen al gobierno de Fujimori. Chile también ha negado la extradición del empresario Eduardo Calmell del Solar, acusado de recibir sobornos por más de tres millones de dólares del gobierno de Fujimori. Estos dos casos perdidos por la Justicia peruana parecen haber transmitido confianza a Fujimori de sus posibilidades de encontrar un lugar seguro en Chile para instalar su cuartel de operaciones con el propósito de presionar desde ahí para la inscripción de su candidatura presidencial para el año 2006, en la que insiste, a pesar de estar impedido legalmente de acceder a cualquier cargo público hasta el año 2011.
El embajador de Japón en Chile, Jaime Ogawa, le pidió al canciller chileno Ignacio Walker que “se considere la nacionalidad japonesa” de Fujimori y que éste sea bien tratado. Walker suspendió un viaje que tenía previsto realizar hoy a Tokio, pero negó que esa suspensión fuera producto del malestar del gobierno chileno con la interferencia de Tokio en el caso Fujimori. Quien sí no ocultó su malestar con el gobierno de Japón por este tema fue el vicepresidente peruano David Waisman, quien calificó como “una interferencia inaceptable e inmoral” la actitud de Tokio en este asunto y le solicitó a la Cancillería peruana que le pidiera explicaciones por este hecho al gobierno de Japón. Tokio se ha negado durante cinco años a tramitar los pedidos de extradición de Perú contra Fujimori, quien se refugió en Japón luego de su huida del Perú el año 2000, alegando que éste, quien gobernó Perú por diez años, es un ciudadano japonés.

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