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La Justicia italiana hizo ayer irrupción en la campaña electoral. La fiscalía de Milán pidió un nuevo procesamiento para Silvio Berlusconi, acusado esta vez de corrupción de testigos en acto judicial. Según los fiscales, Berlusconi pagó 600.000 dólares a su abogado británico, David Mills, para que mintiera a su favor en dos juicios anteriores, en 1997 y 1998, de los que Il Cavaliere salió absuelto. El propio Mills, esposo de la ministra británica de Cultura, Tessa Jowell, admitió en 2004 ante los fiscales que había mentido y cobrado por ello, aunque luego se retractó de su declaración. La fiscalía milanesa forzó también la dimisión del ministro de Sanidad, Francesco Storace, al implicarlo en una trama de espionaje contra rivales políticos. Mientras la oposición aplaudía a los jueces, la coalición de Berlusconi los acusaba de condicionar “de forma indecente” las elecciones del 9 de abril.
El enésimo problema judicial de Silvio Berlusconi estaba previsto desde hacía tiempo y había provocado ya una tormenta política en el Reino Unido a causa de la relación marital entre la ministra Jowell y el abogado presuntamente corrupto. Los abogados de Berlusconi estaban convencidos, sin embargo, de que sería aceptada su petición de que se realizaran investigaciones adicionales sobre unas cuentas cifradas de un banco de Las Bahamas y que, por tanto, la petición de envío a juicio se produciría una vez celebradas las elecciones. La fiscalía, que en Italia realiza funciones similares a las de los jueces instructores en otros países, rechazó el jueves las seis páginas de peticiones de la defensa e impidió toda posibilidad de dilación. La petición de procesamiento del presidente del gobierno cayó ayer como una bomba sobre la campaña electoral.
El abogado David Mills, uno de los más cotizados de la city londinense, organizó desde finales de los ‘80 para su cliente Silvio Berlusconi una red de sociedades instrumentales y de cuentas bancarias en paraísos fiscales. El objetivo era el de eludir impuestos por una vía oscura, pero legal, y permitir que el “holding” Fininvest y el grupo televisivo Mediaset pudieran adquirir derechos de películas estadounidenses fuera del alcance de la Hacienda italiana. Como experto en las finanzas berlusconianas, Mills declaró en calidad de testigo en dos juicios, celebrados en 1997 y 1998, en los que se acusaba a su cliente de evasión de impuestos. Mills dio explicaciones convincentes y Berlusconi salió bien, gracias a la habitual combinación de prescripciones y falta de pruebas.
Seis años después, el 2 de febrero de 2004, Mills envió a sus colegas de bufete un memorándum en el que confesaba haber recibido de Berlusconi un “regalo” de 600.000 dólares, como muestra de agradecimiento por su actuación en los juicios de 1997 y 1998. En ese texto, Mills indicó que el dinero le había llegado desde un banco de Bahamas a través de Carlo Bernasconi, un ejecutivo de Fininvest fallecido poco después. La fiscalía de Milán tuvo conocimiento del memorándum y llamó a declarar al abogado, quien el 18 de julio de 2004, interrogado por los investigadores, confirmó que, en efecto, los 600.000 dólares constituían el pago por haber mentido a favor de Berlusconi. David Mills habló con franqueza porque el delito de falso testimonio ya había prescrito.
Mills no contaba, al parecer, con que podía ser procesado por corrupción. Cuando supo que los fiscales italianos lo habían incluido en un sumario bajo la hipótesis de corrupción en acto judicial, en compañía de su cliente, se retractó de la declaración de julio. El 7 de noviembre de 2004 efectuó una nueva declaración en la que afirmó que los 600.000 dólares pertenecían, en realidad, a otro de sus clientes italianos, el financiero Diego Attanasio. Esta vez no contó con el hecho de que cuando se efectuó la transferencia desde Bahamas, Atanasio estaba en la cárcel de Salerno y no podía dar órdenes a los bancos. En una rectificación adicional, Mills explicó que Attanasio le había entregado antes de ingresar en prisión varias órdenes bancarias, firmadas y en blanco, para que se ocupara de la gestión de su patrimonio. El dinero, insistió, era de Attanasio. No explicó por qué había utilizado los 600.000 dólares supuestamente ajenos para pagar la hipoteca de una casa que compartía con su esposa, la ministra Jowell.
El jefe de los abogados de Berlusconi, Niccoló Ghedini, parlamentario de Forza Italia, solicitó que se investigaran las cuentas extranjeras de Diego Attanasio para confirmar la inocencia de su cliente. Los fiscales lo hicieron y descubrieron que, en efecto, había sido el propio Mills quien, utilizando cuentas de Attanasio, se había pagado a sí mismo haciendo pasar el dinero de Berlusconi a través de cuentas ajenas, entre ellas una de Flavio Briatore, el “patrón” de Fernando Alonso en el equipo Renault de Fórmula 1.
La semana pasada, mientras cerraba las investigaciones del “caso Mills”, la fiscalía de Milán abrió otro sumario potencialmente devastador para el centroderecha italiano. En el sumario, que condujo a la detención de una docena de detectives privados y de dos suboficiales de la Guardia de Finanzas, se estableció la hipótesis de que Francesco Storace (Alianza Nacional) creó a principios de 2005 una red de espionaje político para desacreditar a sus dos rivales en las elecciones regionales del Lazio, Piero Marrazzo (centroizquierda) y Alessandra Mussolini (neofascistas).
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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