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El gobierno estadounidense eligió un momento muy sensible para lanzar la mayor ofensiva de los últimos años –y quizá de la historia– contra el empleo de inmigrantes ilegales. Diez días después de las multitudinarias manifestaciones que ocuparon las calles de unas cien ciudades estadounidenses, el secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, ordenó una serie de redadas en 26 estados que culminaron con la detención de más de 1100 extranjeros indocumentados, además de gerentes y ex gerentes de IFCO, la mayor fábrica de equipos de transporte para almacenaje del país, que fue el objetivo de la ofensiva oficial.
“Tanto empleadores como trabajadores deben saber que el statu quo ha cambiado”, afirmó ayer Chertoff en una conferencia de prensa al anunciar el operativo del miércoles pasado, que alcanzó a 40 locales de IFCO y que es el inicio de una “nueva estrategia” para combatir “una economía en las sombras”. IFCO es un ejemplo de ella. Según una demanda presentada en Nueva York por el gobierno nacional hace un año –que provocó la investigación que desembocó en las redadas– más de la mitad del personal de la empresa son inmigrantes sin papeles, a los que no sólo les dieron trabajo, sino que los proveen de trasporte, les pagan el alquiler de sus casas y les consiguen documentos falsos. Del total de 5800 empleados en 2005, un 53 por ciento tiene credenciales de seguridad social inválidas, que pertenecen a niños o a personas fallecidas, o a terceras personas que no son las empleadas de la empresa.
Además de los trabajadores ilegales, el operativo gubernamental también apuntó a aquellas personas que se ocuparon de dirigir todo el esquema de irregularidades. Siete ex y actuales gerentes de IFCO fueron arrestados y acusados de conspiración para transportar, alojar y alentar a extranjeros indocumentados a vivir en Estados Unidos para obtener “beneficios comerciales”. Si son hallados culpables, cada uno podría enfrentar una pena de hasta diez años de cárcel y una multa de 250 mil dólares por cada extranjero indocumentado contratado.
El antecedente más cercano a este tipo de iniciativa fue en noviembre de 2003, con el arresto de 250 indocumentados subcontratados para la limpieza nocturna de 60 tiendas de la cadena Wal-Mart en 21 estados del país. La ofensiva gubernamental reavivó el debate sobre la necesidad de cambiar las leyes migratorias estadounidenses, un tema que actualmente se encuentra en el centro de la agenda parlamentaria, a sólo meses de las elecciones para renovar un tercio del Congreso.
“La investigación empezó hace más de un año, mucho antes de que nadie participara de las manifestaciones”, explicó Chertoff ayer ante las preguntas de los periodistas sobre una posible conexión con las recientes protestas de inmigrantes ilegalizados. El secretario de Seguridad Interior negó que se tratara de una represalia del gobierno por la presión de miles de extranjeros de las últimas semanas. Sin embargo, parece improbable que la administración Bush no haya tenido en cuenta lo que todos los medios estadounidenses no dudaron en comparar con el histórico movimiento de los Derechos Civiles de los sesenta.
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