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A las 11 de la mañana, el canal estatal comenzó a generar expectativa con un inminente mensaje al pueblo boliviano del “gobierno popular del compañero presidente Evo Morales”; se adelantaba que habría medidas muy importantes vinculadas con la nacionalización de los hidrocarburos. Pasada media hora, algunos medios comenzaron a anunciar de manera algo confusa que Morales firmaría la nacionalización en Tarija (departamento fronterizo con la Argentina y enclave de los principales campos gasíferos), pero nadie sabía, a ciencia cierta, en qué consistiría esa medida reclamada por los movimientos sociales como una especie de “solución mágica” a los males de este país andino. El velo se despejó pasado el mediodía: lejos de la nacionalización light pronosticada por sus críticos de izquierda, el mandatario boliviano optó por lo que los analistas caracterizaron como un decreto “duro”. El líder cocalero apareció en el campo San Alberto, ubicado en el municipio tarijeño de Caraparí, ataviado con campera y casco de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) junto a todos sus ministros –incluido Andrés Soliz Rada, de Hidrocarburos, y viejo compañero de ruta del “Colorado” Jorge Abelardo Ramos–, dirigentes sociales y un batallón militar para anunciar la “ocupación” y control de todos los campos, refinerías, gasoductos y estaciones de servicio por YPFB y las Fuerzas Armadas.
“Queremos pedir (a las Fuerzas Armadas) desde acá, a partir de este momento, tomar todos los campos petrolíferos en toda Bolivia con los batallones de ingenieros”, arengó Morales. Fue como un balde de agua fría que despertó a las cadenas de radio y televisión privada de la resaca de un 1º de Mayo que no parecía traer más expectativa que algunos anuncios oficiales que derogan la libre contratación de trabajadores y reponen parte de la anterior legislación laboral. En su alocución, el mandatario consideró ilegales los actuales contratos de riesgo compartido firmados entre el Estado y las empresas petroleras (por no haber sido revalidados por el Congreso) y acusó de “traidores a la patria” a quienes “entregaron este sector estratégico, violando la soberanía y la dignidad nacional”. Militares con banderas bolivianas y armas largas custodiaban las instalaciones de este campo, uno de los más ricos de Bolivia con la quinta parte de las reservas de gas y símbolo de los privilegios de las empresas extranjeras; según varias denuncias, fue descubierto por la estatal YPFB y posteriormente catalogado como “nuevo” para reducir la presión impositiva sobre sus propietarios: la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol-YPF y la francesa Total. Ayer, una enorme pancarta decía: “Nacionalizado. Propiedad de los bolivianos”, y la imagen se repitió en otros campos militarizados.
“Bolivia ha sido el primer país del continente en nacionalizar sus hidrocarburos; la de hoy es la tercera y definitiva nacionalización de nuestros recursos”, continuó Morales, expresión de un nuevo nacionalismo que ya no tiene como actores centrales a los militares o las clases medias urbanas –como el nacionalismo revolucionario de los años ’50– sino a un conjunto de organizaciones sindicales y movimientos sociales, de base corporativa, que se identifican a sí mismos como “indios” excluidos desde el acto mismo de fundación de la República en 1825.
Concretamente, el decreto 28.701 –denominado “Héroes del Chaco”, en referencia a la guerra contra Paraguay (1932-1935)– restituye al Estado “la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” del gas y el petróleo. No se trata de una expropiación sino, en palabras presidenciales, de “sentar soberanía”: a partir de ayer mismo, las empresas están obligadas a entregar al Estado toda su producción, que será comercializada por YPFB, la empresa estatal que determinará las condiciones de venta tanto en el mercado interno como externo. Es decir, fijará volúmenes de venta, precios y destinos de exportación. Además, las petroleras deberán firmar, en 180 días, nuevos contratos acorde con el nuevo armazón legal nacionalizador (ver aparte). En caso de resistencia de las empresas, YPFB tomará a su cargo la operación de sus campos.
En relación con las empresas capitalizadas (una variante boliviana de privatización), el Estado recuperará las acciones “de los ciudadanos”, en poder de las administradoras de fondos de pensiones (AFPs) y se nacionalizarán “las acciones necesarias” para llegar al control estatal del 50 por ciento más uno del paquete accionario de esas empresas, entre ellas, Chaco (Amoco y British Gas) y Andina (Repsol).
La guinda de la torta y una de las medidas menos esperadas fueron los cambios impositivos: los campos que produjeron en promedio más de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas en el 2005 (Sábalo y San Alberto, que representan el 70 por ciento del total nacional) pagarán una combinación de impuestos y regalías de 82 por ciento. “La tortilla se ha dado vuelta”, resumió el vicepresidente Alvaro García Linera en el balcón del Palacio Quemado donde luego sonaría la famosa canción de la Guerra Civil Española. Según sus cifras, con la legislación aprobada en 1997 por Gonzalo Sánchez de Lozada, el Estado recibía 140 millones de dólares de ingresos por la actividad petrolera, a partir de ahora ingresarán 780 millones, toda una fortuna para el raquítico erario boliviano. De ahí que los más pobres se entusiasmen con la posibilidad de un despegue económico de este país históricamente postergado y en el cual, pese a las lecturas folklorizadas sobre el movimiento indígena, las demandas son mayor inclusión social y reconstrucción del Estado para proveer los servicios que demanda la población.
Una multitud, convocada para celebrar el Día de los Trabajadores sin saber que se trataba del día D de la nacionalización, esperó al vicepresidente García Linera, que salió al balcón pasada la una de la tarde y pronunció uno de sus discursos más encendidos. “El gobierno del pueblo, el gobierno de los trabajadores ha tomado la medida más importante de este siglo: ésta es la primera nacionalización del siglo XXI”, se entusiasmó el profesor de Sociología, que combinó el tono pedagógico con la arenga de barricada. Dijo que los muertos y mártires “ya pueden descansar en paz”, que los hidrocarburos “regresaron a la nación donde siempre deberían haber estado”, y denunció: “Esta decisión va a ser resistida por los dinosaurios, por los que quieren seguir entregando a la patria, pero por esta medida los bolivianos nos jugamos la vida; no vamos a aceptar presiones de ningún traidor, de ninguna empresa, de ningún país extranjero”.
Se adelantaba, de esta forma, a las posibles represalias de las petroleras, apoyadas por sus gobiernos. Una de ellas es la brasileña Petrobras (responsable del 20 por ciento del PBI boliviano) en un contexto de conflicto con otra firma de ese origen: la metalúrgica EBX, expulsada de territorio boliviano por “violar la Constitución y las normas ambientales”. Ayer, la prensa boliviana informó sobre un comunicado de Brasilia que señalaba que “la delicada situación de las empresas brasileñas afincadas en Bolivia debe resolverse mediante el diálogo”.
Frente a posibles “sabotajes”, Morales les pidió a los trabajadores petroleros ser leales con su patria y sumarse a las medidas nacionalizadoras. “Si no nos respetan (las empresas), nos haremos respetar a la fuerza”, amenazó en la misma línea de su vicepresidente. Y los riesgos políticos y económicos no son pocos: para nadie pasó inadvertido que el aterrizaje de Evo Morales en los campos petroleros se produjo horas después de su arribo de La Habana, donde firmó la adhesión a laAlternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) con Hugo Chávez y Fidel Castro –un proyecto anti-TLC– y declaró ante la prensa que se trataba de “un gran encuentro de tres generaciones, tres presidentes y tres revoluciones”. Banderas cubanas y remeras con el slogan “Che, Fidel, Chávez, Evo” colorearon la concentración oficialista de ayer.
Este acercamiento al “eje bolivariano” es resistido por sectores empresariales, que consideran que se trata de acuerdos políticos sin beneficios para el sector privado local, y promueven la firma de un TLC con Estados Unidos. Entre ellos milita parte de la dirigencia de Santa Cruz donde, según una reciente encuesta de la firma Apoyo, Opinión y Mercado, la imagen de Morales habría caído un 25 por ciento y el comité cívico prepara un paro para este jueves en reclamo de más ítem de salud y educación y en defensa de la licitación de la reserva de hierro de El Mutún.
Con elecciones para la Asamblea Constituyente convocadas para el próximo 2 de julio, fuentes gubernamentales confían que la medida de ayer potenciará sus posibilidades electorales para revalidar el triunfo del 18 de diciembre y, como Chávez en Venezuela, construir una hegemonía política de más largo aliento.
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