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La administración Bush dio un gran paso ayer al reconocer formalmente que los detenidos de la base de Guantánamo y de otras cárceles militares estadounidenses en el mundo están amparados por la Convención de Ginebra. La nueva política, delineada en un memo del Pentágono enviado por el subsecretario de Defensa Gordon England, es consecuencia del fallo de la Corte Suprema del mes pasado, que determinó que los tribunales militares conformados para juzgar a los detenidos violaban las convenciones legales internacionales. Con esta decisión, la Corte rechazó el argumento de la Casa Blanca, según el cual en tiempos de guerra el poder del Ejecutivo es virtualmente ilimitado. Los jueces determinaron que los tribunales debieron haber sido autorizados por el Congreso.
Desde que abrió la prisión de Guantánamo, a principios de 2002, la administración ha sostenido que los detenidos son “combatientes enemigos”, una nueva categoría de prisionero que no está amparada por la convenciones, aunque, aseguran, siempre fueron tratados como si lo estuvieran. Tony Snow, el vocero de la Casa Blanca, repitió ayer esta frase. Los detenidos, afirmó, han sido tratados humanamente. Sin embargo, “queremos arreglarlo”, les explicó a los periodistas. Snow aseguró que el memo no representa un giro en la política, sino meramente una respuesta a una decisión “compleja” del máximo tribunal.
Lo cierto es que el fallo del 29 de junio pasado fue considerado por los grupos de derechos humanos como una gran victoria. Seguramente, acelerará el cierre de esta prisión, cuya existencia se ha convertido en un símbolo de vergüenza y un elemento muy perjudicial para la imagen de Estados Unidos en todo el mundo. La situación de los presos de Guantánamo contradice los preceptos básicos de la Convención de Ginebra, a la que Estados Unidos adhiere. Según este tratado internacional, todos los combatientes detenidos en medio de un conflicto bélico son considerados prisioneros de guerra. Bajo esta denominación, pueden ser interrogados y juzgados, aunque siempre dentro del respeto a los derechos humanos.
A las pocas horas del anuncio de la Casa Blanca, el Congreso comenzó a debatir la futura reglamentación del tratamiento y los juicios a detenidos. De todas maneras, se espera que surjan nuevas normas que lleven a Guantánamo a respetar la ley internacional y militar ya existente. La administración ya no tendrá la autoridad incontestable que antes defendía.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: L. C.
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