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Israel levantó el bloqueo aéreo y marítimo sobre el Líbano que había impuesto desde el pasado 12 de julio, cuando comenzó la guerra librada en ese país entre el ejército israelí y la milicia armada del Hezbolá. A través de esta medida, destinada a aliviar la presión ejercida sobre el gobierno libanés de Fouad Siniora, el premier Ehud Olmert accedió al reclamo de la administración norteamericana y del titular de la ONU, Kofi Annan. Pero, por otro lado, el desmantelamiento del control militar israelí sobre los accesos por aire y por mar al Líbano despertó no pocos cuestionamientos en Israel. En primer lugar, reaccionaron airadamente los familiares de Ehud Goldwaser y Eldad Regev, los soldados secuestrados por el Hezbolá en la frontera norte, quienes expresaron su disgusto al saber que la “concesión” del gobierno no estuvo condicionada por la aceptación de algún indicio positivo respecto del destino de los dos israelíes capturados. Su secuestro, que –según la versión oficial israelí– fue la causa de la ofensiva militar desplegada en el territorio libanés, sigue siendo un asunto irresuelto luego del cese de fuego y la parcial retirada del ejército.
“No creo que el objetivo de esta guerra haya sido conseguir la liberación de nuestros hijos”, dijo Mo-shé Goldwaser, padre de Ehud, uno de los soldados secuestrados por el Hezbolá. En un encuentro con el primer ministro Olmert, los familiares de los dos israelíes que –según se estima– aún se encuentran cautivos en manos de la organización chiíta, le expresaron su decepción ante la decisión de aceptar levantar el bloqueo al Líbano antes de haber obtenido algún avance orientado hacia la liberación de sus seres queridos. Tras la reunión, Goldwaser aclaró su posición: “No es posible que esta medida se cumpla solamente en una dirección. Nosotros exigimos del gobierno que actúe con rapidez para hallar un mediador que inicie negociaciones directas con la organización Hezbolá. Ello exigirá un pago, y nosotros reclamamos que, en el marco de un acuerdo, el gobierno acepte liberar prisioneros libaneses”.
El gobierno aprobó el levantamiento del bloqueo aéreo y marítimo sobre el Líbano, pese a las recomendaciones del ejército que, en cambio, sostenía que hubiese sido preferible mantenerlo como instrumento de presión ante el Líbano y la comunidad internacional destinado a mejorar los términos de un posible acuerdo sobre el intercambio de prisioneros y un control más riguroso del contrabando de armas desde Siria al territorio libanés. En ese sentido se pronunció días atrás Dan Halutz, el jefe del ejército, quien afirmó que el desmantelamiento del bloqueo “es una carta que hay que saber cuando poner sobre la mesa”. Una vez usada por el gobierno de Olmert, tal vez la retirada total de los efectivos militares del sur del Líbano sea la carta que le queda para conseguir un avance en dirección a la devolución de los soldados secuestrados y la disposición de las fuerzas internacionales a controlar la frontera entre el Líbano y Siria, el enorme acceso terrestre para el abastecimiento de armas al Hezbolá.
El gobierno ha desmentido, hasta ahora, las versiones sobre la existencia de negociaciones paralelas en torno de la liberación de los dos israelíes secuestrados por el Hezbolá y de Gilad Shalit, el soldado capturado por un grupo palestino en la frontera sur, lindante con la Franja de Gaza. En cambio, Olmert ha declarado que Israel exige su devolución previa a cualquier discusión acerca de la liberación de prisioneros libaneses y palestinos. De hecho, una vez que el principio de la reciprocidad ha sido reclamado por los propios familiares de los soldados cautivos, ningún vocero oficial puede asegurar que el declamado retorno se conseguirá sin la simultánea liberación de prisioneros que Israel retiene en sus cárceles. Quizá, para intentar restaurar algo de su dañada imagen pública, el gobierno ceda a las demandas de las contrapartes libanesa y palestina devolviéndoles a sus compatriotas detenidos en forma gradual.
Esa mínima muestra de reciprocidad, por cierto, bastaría para darle curso a alguna iniciativa negociadora en el plano más amplio del conflicto regional. La semana pasada, y no por primera vez, veintidós cancilleres de la Liga Arabe convinieron en la necesidad de convocar a una nueva conferencia internacional de paz como la celebrada en Madrid en 1991, la cual le dio impulso a las conversaciones entre israelíes y palestinos que condujeron al Acuerdo de Oslo.
Un decisión similar adoptó cuatro años atrás la cumbre árabe que tuvo lugar en Beirut, basada en una iniciativa de Arabia Saudita. Ella contemplaba la normalización de las relaciones entre los países árabes y el Estado de Israel a cambio de una retirada israelí de Cisjordania y Gaza, de acuerdo con los límites de 1967, donde se crearía un Estado palestino independiente. Israel, entonces, se desentendió de la propuesta, argumentando que la inclusión del tema del retorno de los refugiados palestinos y la partición de Jerusalén no daban espacio a ninguna respuesta positiva. El actual pedido de tratar el tema del proceso de paz será presentado por el bloque de países árabes con respresentación en la ONU, en la reunión que el Consejo de Seguridad del organismo realizará el próximo 23 de septiembre.
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