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La mayoría parlamentaria en España le cerró ayer la puerta del Congreso a la derecha, advirtiéndole que no permitirá que se utilice el recinto como caja de resonancia de las teorías conspirativas acerca de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004. Este hecho inédito en la política española se escenificó en la mañana de ayer, cuando los portavoces de todos los grupos parlamentarios, con excepción del Partido Popular, defendieron el rechazo a la moción presentada el martes por la derecha en el Parlamento en la que se pedía una nueva investigación parlamentaria de los hechos. Pero los partidos no sólo se limitaron a explicar las razones de su voto, sino que le advirtieron al PP que no vuelva a intentar usar el recinto para poner en tela de juicio la labor de las instituciones policiales y judiciales que investigaron el atentado.
La larga sombra de la guerra de Irak y de los ataques islamistas más sangrientos ocurridos en Europa envuelve a la sociedad española en una discusión violenta que involucra a la gran mayoría de los medios de comunicación y ha llevado al primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero a hablar de la aparición de una nueva ultraderecha amparada por la actual dirigencia del principal partido de la oposición.
El PP reaccionó a la ofensiva parlamentaria a través de su vocero Eduardo Zaplana, aclarando que nadie logrará amordazarlos y que sólo buscan conocer la verdad. Y volvió a basar sus argumentos en torno de la posible implicación de ETA en los atentados madrileños en las informaciones que difunde el diario El Mundo, propiedad de Pedro J. Ramírez, un oscuro personaje mediático conocido por sus reuniones con el ex primer ministro José María Aznar en los tiempos en los que conspiraban juntos para desprestigiar al gobierno de Felipe González.
Detrás de todo este violento cruce de acusaciones entre medios de información y partidos políticos se esconde el llamado caso Trashorras, una joya de la teoría de la conspiración moderna urdida por el propio diario El Mundo y dos de los principales asesores del jefe máximo del PP, Mariano Rajoy: Angel Acebes y Eduardo Zaplana.
José Emilio Suárez Trashorras es el ex minero español que vendió los explosivos a los fundamentalistas árabes autores de los atentados de Madrid. Condenado a 3000 años de prisión por el asesinato de 191 personas y la tentativa de homicidio de los 1755 heridos del 11-M, Trashorras cambió su declaración oficial cuatro veces ante la Justicia cuando descubrió que al Partido Popular le venía muy bien que alguien sembrara sospechas acerca de la participación de ETA en el atentado. De esa manera el PP legitimaba su postura actual, en la que trata de involucrar al Partido Socialista y a los servicios secretos marroquíes y franceses en la autoría de la masacre madrileña.
El PP se aferra a esta hipótesis que El Mundo trata de hacer cuajar en la sociedad, porque le permite legitimar el mayor de los pecados cometidos por su propio gobierno en tiempos de José María Aznar: haberse pegado a la política de George Bush en Irak, cuando la mayoría de la población española rechazaba la guerra en las calles. El Mundo habría puesto dinero sobre la mesa con tal de conseguir una declaración de los implicados en los atentados que ponga en duda la investigación de la policía y de la Justicia. En febrero de 2005 publicó una declaración de José Ignacio Fernández Díaz, alias Nayo, en la que éste acusaba a Trashorras de haber vendido explosivos a ETA. Nayo está procesado por tráfico de drogas y aparece vinculado con Trashorras en el expediente judicial del 11-M. Cuando Trashorras supo lo que había declarado Nayo le dijo a sus padres que Nayo lo había hecho porque el El Mundo le había pagado. “Si te vienen con un chequecito”, dice en una grabación de una conversación que tuvo con sus padres “¿Por qué piensas que Nayo lo hizo?”, con lo cual insinuó que él también había cambiado su declaración ante el juez por motivos similares.
Pero al resto de los partidos políticos españoles les ha parecido que al PP se le está yendo la mano y ayer decidieron darle una severa advertencia: no están dispuestos a permitir que el tema vuelva a ser tratado en el Parlamento. Si el PP tiene pruebas, dicen, que acuda a los tribunales y deje de intoxicar la vida política española apoyándose en el ruido mediático que propagan sus periódicos amigos.
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