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El gobierno peruano asumirá la defensa legal de los militares acusados de haber violado los derechos humanos durante los años de plomo de la violencia política, en las décadas del ’80 y ’90. Así lo anunció ayer el presidente Alan García quien, una vez más, reivindicó a las fuerzas armadas (F.F.AA.), frente a los acusaciones que se le hacen de haber practicado una guerra sucia para enfrentar la sangrienta subversión armada del grupo maoísta Sendero Luminoso, ahora prácticamente extinguido. García escogió una ceremonia por el día de las FF.AA. para hacer el anuncio, que cayó muy bien entre el auditorio de uniformados que lo escuchaba.
“Es responsabilidad del Estado defender a todos aquellos a los que en algún momento envió a defender la patria... no vamos a dejar desasistidos a los que sufren condena, procesos, inquisiciones y muchas veces investigaciones que no acaban nunca, mancillan su honor y destruyen sus carreras”, dijo García ante los miembros de las FF.AA. Luego de defender con entusiasmo a los militares y agradecerles por haber “protegido al país” de la subversión armada senderista, el presidente peruano aprovechó la ocasión para enfilar sus ataques contra quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares.
Hay más de 600 militares y policías investigados o procesados por violaciones a los derechos humanos. Según un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que entre 2001 y 2003 investigó lo ocurrido durante los años de violencia política, entre 1980 y 2000 hubo 69 mil muertos como consecuencia de la guerra interna. De otro lado, se estima en más de ocho mil el número de desaparecidos. El 75 por ciento de las víctimas fueron campesinos quechuas de las zonas andinas. Aunque la CVR atribuye poco más de la mitad de esas muertes a Sendero Luminoso, también señala a las FF.AA. como responsables de cerca del 45 por ciento de los crímenes cometidos y las acusa de haber incurrido “en una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y violaciones sexuales”. La CVR acusó a García de tener “responsabilidad política y ética” por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su mandato y recomendó que se ahonden las investigaciones para determinar si también le cabía una responsabilidad penal. Otro de los favorecidos también sería Ollanta Humala, el ex comandante que lidera la oposición al gobierno y que está procesado por haber violado los derechos humanos en 1992, cuando era capitán del ejército.
“Que el Estado asuma la defensa de los procesados por violaciones a los derechos humanos puede ser relativamente aceptable, pero solamente en la medida que ese mismo Estado también apoye a las víctimas y proteja a los testigos de las acusaciones contra los militares”, señaló a Página/12 Salomón Lerner, quien presidió la CVR.
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