Página/12 :: El mundo :: Un diagnóstico lapidario de la educación chilena

@Fue un trabajo largo, arduo y para muchos demasiado lento. Pero al fin, después de tres meses y de enfrentamientos entre distintos grupos, la presidenta chilena Michelle Bachelet recibió el primer informe del Consejo Asesor Presidencial para la Educación. Ansiedad y nerviosismo flotaban en el ambiente los días previos a la entrega del documento, ya que se auguraban fuertes repercusiones. Las predicciones fueron acertadas. El Consejo Asesor se constituyó en junio, tras semanas de paro en los colegios y un intenso tira y afloje entre el gobierno y los estudiantes secundarios, llamados “pingüinos” por sus uniformes azules y blancos. En la mesa asesora están sentados los estudiantes –tanto secundarios como universitarios–, junto a profesores, expertos en educación, políticos y representantes del mundo social, con la misión de elaborar propuestas para una nueva ley de educación que busque, entre otras cosas, achicar la brecha entre los colegios públicos y los privados. El informe de Avance, que reúne las discusiones de los tres primeros meses de trabajo de la comisión, contiene un diagnóstico lapidario sobre la educación chilena. La primera medida propuesta por el Consejo es casi unánime: resulta imperioso sustituir la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada durante la dictadura pinochetista. Bachelet ya anunció que en el primer semestre de 2007 enviará un proyecto de nueva LOCE al Legislativo, junto con otras medidas, como la creación de una Superintendencia de Educación. “He reafirmado mi convicción de la necesidad de contar con una nueva ley que pueda, efectivamente, mejorar las condiciones de regulación de la educación en Chile”, afirmó la mandataria chilena en la ceremonia de entrega del informe. Aun cuando el proyecto sería presentado recién el año que viene, ya generó divisiones. La derecha rechazó esta semana cualquier cambio en la LOCE, mientras la ministra de Educación, Yasna Provoste, instó a los parlamentarios de oposición a apoyar la reforma, que pretende asegurar la calidad de la enseñanza. Por su parte, los “pingüinos” aprovecharon la oportunidad para arremeter una vez más contra Bachelet. “La educación en Chile no pasa porque creen Consejos, también pasa por el lobby político, lobby que no ha hecho nuestra presidenta y tampoco nuestra ministra. Un lobby que les permitiera que lo que saliera del Consejo Asesor realmente fuera respaldado por el Parlamento”, dijo la dirigente estudiantil María Huerta. A falta de un informe, el Consejo Asesor dio vida a dos documentos. El primero, el informe oficial de 107 páginas. El segundo, un documento complementario presentado por el especialista en educación y ex secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner. Ese texto, avalado por otros cinco consejeros, criticó las conclusiones del borrador del informe oficial e hizo tambalear la continuidad de la mesa. Incluso provocó un duro cruce verbal entre Brunner y Jorge Pavez, el presidente del Colegio de Profesores. “Su actitud es arrogante y soberbia, porque ni siquiera ha asistido a las reuniones”, criticó Pavez a Brunner. El ex ministro defendió su derecho a discrepar señalando que sus ausencias habían sido previamente avisadas, y que se debían a compromisos en el extranjero. Finalmente, se decidió incluir ideas del documento de Brunner y otras opiniones disidentes como notas al pie de página. Los distintos grupos tienen miradas muy diferentes sobre cómo se debe administrar la educación chilena. Mientras una parte del Consejo atribuyó los actuales problemas a un defectuoso diseño del sistema escolar y al abandono del patrón estatal, otro sector consideró que esos problemas son fruto de un sistema inclusivo, que lleva las inequidades ahora al interior del aula. Por ello, la mayoría aconsejó erigir al sector público en el paradigma de la educación obligatoria, mientras el otro sector sugirió que lo más razonable era un sistema de provisión mixta, con igualdad de trato, subvenciones diferenciadas, prohibición de selección y financiamiento compartido a los sectores más pobres, además de un sistema uniforme de aseguramiento de la calidad. La creación de entidades externas que se dediquen sólo a la administración de la educación pública también ha tenido diferentes lecturas. Los alcaldes apuestan a que estos entes sigan administrados por los municipios, mientras que el llamado “bloque social” –profesores, apoderados y estudiantes– cree que estas corporaciones deben ser un paso hacia la centralización de la educación pública. El presidente del Consejo Asesor, Juan Eduardo García Huidobro, recalcó que el informe de Avance contiene sólo propuestas preliminares, que se entregarán con más detalles el 11 de diciembre, en el informe final. Otro frente de debate es el de los “pingüinos”, que por estos días analizan el informe del Consejo con el objetivo de tomar una decisión crucial el próximo fin de semana: si continúan en la mesa asesora o si se bajan de ella. Según contaron a Página/12 dirigentes estudiantiles, el conjunto de la Asamblea optaría por bajarse, mientras una rama diferenciada, el Consejo Nacional de Estudiantes (CNE) prefiere quedarse. La razón: irse del Consejo estaría mal visto, y tanto la prensa como la gente se pondría en contra del movimiento pingüino. La CNE incluso está debatiendo si es factible mantener su presencia en el Consejo aun cuando el pleno de la Asamblea decida bajarse. En tanto, algunos colegios ya tomaron decisiones independientes. Es el caso del Instituto Nacional, que paralizó el viernes sus actividades e iniciará una toma del colegio el próximo martes, para protestar contra el informe. Otros colegios, como el Liceo de Aplicación y Darío Salas, estudian medidas de presión similares. Informe: V. S.