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“Necesitamos leyes que se adecuen a nuestra realidad política. Muchas ya han cumplido su ciclo y no podemos seguir así”, dice Alfredo, uno de los ocho mil reclusos bolivianos que lleva tres días en huelga de hambre y que amenaza con coserse la boca desde hoy si el Congreso no escucha su pedido para modificar cuatro leyes que consideran injustas y caducas.
Desde hace dos días, los presos bolivianos han radicalizado las medidas. Crucifixiones, suturas de bocas, letreros escritos con sangre, gente enterrada hasta el cuello y huelgas de hambre que suman cada vez más miembros tratan de sensibilizar a la sociedad boliviana sobre cuatro pedidos. Primero, modificar la Ley de Ejecución de penas, que provoca que los reclusos por delitos como asesinato, violación y tráfico de drogas no tengan acceso a un beneficio que permite que se convaliden dos días de cárcel por uno de trabajo y estudio. Segundo, modificar la Ley 1008, que sanciona el tráfico y la comercialización de drogas y que presume la culpabilidad del imputado desde el primer momento. Tercero, que los detenidos en prisión preventiva tengan otros recursos para recuperar su libertad además de la fianza, ya que eso provoca que sólo los pobres purguen penas antes de ser sentenciados. Finalmente, piden la rebaja de la sexta parte de la condena de los reos juzgados con el viejo Código Penal.
Carlos Alarcón, ex ministro de Justicia, advierte que este movimiento está articulado por narcotraficantes, violadores, asesinos y terroristas, ya que son los más beneficiados.
Ayer, las medidas de presión provocaron un motín en Oruro, cuando el recluso Juan Cruz resultó con quemaduras graves en el momento en que su colchón de paja se incendió. Los guardias del penal no acudieron de manera rápida en su auxilio, lo que provocó la ira de los huelguistas que intentaron fugar del penal. El motín fue rápidamente aplacado por la policía, que tuvo que utilizar agentes químicos para controlar a los reclusos.
La tensión aumenta cada día. Ayer, las protestas más duras se dieron en los penales San Pedro, de La Paz, y El Abra, de Cochabamba. Los reos sangraban al lado de sus familiares, que los acompañaban en huelga de hambre.
Y es que, en Bolivia, es muy común que una sentencia al jefe de familia implique la condena de todos sus miembros. En un país donde el 63 por ciento de los reclusos no tiene sentencia ejecutoria, las cárceles se encuentran repletas, y en lugar de ser centro de rehabilitación son consideradas universidades del delito.
Así lo reconoce Maider Romero, un interno del penal de Palmasola, la cárcel “modelo” de Santa Cruz de la Sierra, que no es otra cosa que un enorme barrio cerrado en las afueras de la ciudad, que nada tiene que envidiar a una villa miseria de cualquier país sudamericano. Maider está preso hace siete años y aún le quedan trece por una condena de asesinato. Desde el otro lado del teléfono explica que en las cárceles bolivianas deben desayunar, almorzar y cenar con menos de medio dólar por día y que el 40 por ciento de los 2750 reclusos de Palmasola debe conformarse con una sopa rala y un pedazo de pan. Desde el gobierno intentan persuadir a los reclusos de que levanten las medidas de presión, ya que el Congreso ha aceptado tratar las leyes desde la próxima semana.
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